En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, que está convocada para este martes 17 de diciembre, a partir de las 9:00, tienen previsto analizar el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”, así como la propuesta de modificación de varios artículos de la Ley 6534/20 “De protección de datos personales crediticios”.
En el primer caso, el documento tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales la República del Paraguay es parte.
El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional, consta de 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
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Datos personales crediticios
Por otra parte, el plenario también analizará la propuesta legislativa que tiene que ver con proyecto de ley “Que modifica los artículos 09, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 6534/20 “De protección de datos personales crediticios”. El objetivo principal del proyecto es garantizar el derecho a la privacidad y al olvido de información crediticia expirada, desactualizada o perjudicial, además de incluir sanciones penales por el uso indebido de estos datos.
La iniciativa propone reducir el tiempo de almacenamiento de datos crediticios, actualmente fijado en cinco años, argumentando que este plazo es excesivo que afecta los intereses económicos y financieros de los ciudadanos. También busca facilitar la rehabilitación de la moral financiera de personas que ya han cumplido con sus obligaciones, pero siguen registradas en bases de datos que afectan su solvencia.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional, amplía el régimen de sanciones, pasando de medidas administrativas a penas privativas de libertad y multas económicas, con el fin de disuadir prácticas abusivas por parte de los burós de crédito. Responde además, a demandas sociales que denuncian la discriminación financiera y laboral derivada de registros negativos obsoletos, según la exposición de motivos.