Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

En este cierre del 2024, se cumplen 1 año y 4 meses de la asunción de Santiago Peña a la presidencia de la República del Paraguay, por lo que La Nación/Nación Media realiza un balance de los compromisos asumidos por el mandatario y el estado en el que se encuentran en la actualidad.

El artículo fue elaborado en base a datos oficiales proporcionados por el Gobierno y permitirá al lector conocer qué nivel de avance tiene cada promesa realizada en campaña por el presidente, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros. Para usted, Peña ¿cumplió?

“En Paraguay miles de familias destinan una parte importante de sus ingresos pagando un alquiler, un pesado gasto mensual que les impide progresar”, afirmó el presidente comprometiéndose a impulsar un programa que permita a la clase media poder pagar una vivienda propia a cuotas que se acerquen al monto de un alquiler.

De esta forma nació “Che Róga Porã”, una promesa cumplida desde el punto de vista del impulso del programa, si bien hasta la fecha aún no se ha inaugurado ninguna vivienda en este marco.

Son 286 viviendas reservadas y con crédito del sector privado preaprobado para su construcción. Para la implementación de este plan se logró fijar una tasa del 6,5% y créditos de hasta G. 500 millones a un plazo máximo de 30 años.

“Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos, en mi Gobierno vamos a cuidarlos y apoyarlos para que también estén mejor, lo vamos a hacer con menos burocracia e incorporando tecnología”, prometió Santiago Peña.

Recientemente presentó el primer Atlas sobre la Discapacidad del Paraguay, impulsado por varias instituciones con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que consiste en una plataforma que unificará todos los datos de instituciones públicas, organizaciones privadas y sin fines de lucro sobre las 299.839 personas con discapacidad en el Paraguay. A partir de esta base de datos se podrán encausar políticas públicas certeras para este segmento que representa el 5,3% de la población, confirmó el director del INE, Iván Ojeda.

Por otro lado, firmó el decreto que reglamenta la Ley N° 6940/22, una normativa fundamental en la lucha contra el racismo y la discriminación en el país. Esto marca el reconocimiento y dignificación de la población afrodescendiente paraguaya, que ha enfrentado históricamente la exclusión social y el racismo. Este marco legal establece mecanismos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes, un paso crucial en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en el país.

En lo que respecta a la tercera edad, una promesa en proceso de ser cumplida es la universalización del acceso a la pensión y se estima que para el 2027 la totalidad de este sector estará cobrando este haber. Los adultos mayores elegibles, según la normativa 7322/2024, accederán a una pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo legal vigente, equivalente a aproximadamente 700.000 Gs. El monto se reajustará automáticamente, conforme a la variación del salario.

La Ley también beneficia a las familias indígenas, en cuyo caso la pensión será universal a partir de los 50 años. Por otra parte, las personas entre 60 y 65 años también podrán acceder al beneficio en casos de discapacidad severa, constatada y certificada por la secretaría Nacional por los derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

En la Itaipú Binacional se ha logrado un acuerdo tarifario de USD 19,28 hasta el 2027 con el Brasil y también se concretó la posibilidad de exportar energía de otras fuentes al mercado brasileño, resultados positivos para esta administración.

El nuevo precio de la tarifa durante tres años generará alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.

Aún está pendiente la renegociación del Anexo C, lo que definirá el futuro de los próximos 50 años de esta empresa binacional y de ambos países.

Las propuestas en torno a solucionar la situación financiera de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) aún están pendientes. Si bien se han obtenido históricos desembolsos por parte de Argentina, el incumplimiento por cesión y uso de energía por parte del vecino país todavía imposibilita que la hidroeléctrica adquiera estabilidad.

Una promesa en marcha es la duplicación de los agentes de la Policía Nacional. El Gobierno se trazó como meta la incorporación de 5.000 policías por año, los que sumarán 25.000 al término de esta administración en agosto del 2028.

Para el próximo 19 de diciembre está previsto el egreso de los primeros 5.000 policías que pasarán a prestar servicios directamente en comisarías de todo el país, sumándose al esfuerzo diario contra el crimen organizado y las estructuras delictivas, fortaleciendo la seguridad en la vía pública.

La reducción de precios del combustible es una compresa cumplida de Santiago Peña, quien durante este gobierno ha anunciado en 7 oportunidades la disminución de esta materia prima fundamental para el desarrollo del país.

De esta forma, Petróleos Paraguayos (Petropar) redujo en total G. 1.550 el precio de las naftas desde agosto del 2023 a la fecha. También redujo el precio del gas y se mantiene desde el 15 de noviembre en G. 6.500 por kg. Al combustible, se sumó la reducción del precio del cemento, beneficiando al sector de la construcción y al consumidor final.

Un menor precio en los productos de la canasta básica también fue un compromiso de Peña, no obstante, el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) reportó incrementos de precios en bienes alimenticios, por lo que este punto aún es una materia pendiente para el Gobierno.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hubo una reducción de la pobreza al comparar los datos entre el 2022 y 2023. Previamente, el nivel de pobreza ocupaba el 25,5% de la población y este descendió al 22,7%, esto incluye a personas que no llegan a un ingreso diario per cápita de al menos G. 26.000.

En cuanto a la pobreza extrema, que alberga a quienes no llegan a los G. 12.000 al día, las cifras arrojan también una leve disminución. Del 6,1% registrado previamente, al 2023 se contabilizó que 4,9% de los habitantes del país se encontraban en esta situación, porcentaje que representa a 269.000 personas. Los compatriotas en situación de pobreza y pobreza extrema suman 1.330.000.

Un hecho destacado es la reducción de intereses para pequeños agricultores, de 12 a 4% a varones y de 12 a 0% a mujeres.

Si bien la promesa del presidente de reducir la pobreza está en marcha, aún queda mucho trabajo por delante ya que a la fecha todavía existe un gran número de paraguayos que no alcanzan el mínimo de ingresos diarios.

La generación de 500.000 puestos de trabajo es una de las apuestas más fuertes del Gobierno de Peña, la meta es ambiciosa y a la fecha los datos del Viceministerio de Empleo señalan que en este periodo 43.324 personas han ingresado por primera vez dentro del sistema de protección social. Cabe destacar que esto no incluye al sector del emprendedurismo.

El combate a la informalidad es clave para llegar a la meta de los 500.000 puestos de trabajo manifestó la viceministra de Empleo Verónica López a La Nación/Nación Media, y agregó que deben contabilizarse los empleos generados en el sector del emprendimiento.

En 2023 se registraron 4.118 nuevos negocios y queda aguardar las cifras del 2024 para determinar el crecimiento en este sector. Esta promesa está avanzando hacia su cumplimiento, pero con pasos muy lentos.

Uno de los grandes compromisos en materia económica/financiera fue la reducción de la deuda pública, y de acuerdo a los datos del Viceministerio de Economía se puede apreciar que esta ha ido en aumento y a octubre del 2024 llegó a USD 17.958,3 millones. En el mismo periodo del año pasado, alcanzó USD 16.194,2 millones.

Si bien se registra un aumento, cabe destacar que el actual Gobierno tuvo que asumir deudas millonarias con el sector de la construcción y con las farmaceúticas dejadas por la administración de Mario Abdo Benítez.

Un punto a destacar es el paulatino acercamiento al tope del déficit fiscal. En diciembre del 2023 fue de 4,1% y se proyecta concluir el 2024 con 2,6%. El objetivo del Gobierno es volver al 1,5%, considerado un punto de equilibrio.

“Yo categóricamente rechazo aumentar los impuestos”, afirmó Peña durante su campaña a la presidencia y esta promesa la está cumplido hasta la fecha. Su gobierno no ha impulsado reformas en este aspecto y los parlamentarios oficialistas tampoco han acompañado intenciones legislativas de elevar tasas impositivas.

Peña prometió reformas en pos de reducir la burocracia, optimizar recursos y el funcionamiento de instituciones, en este orden se ve un avance mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y está en trámite la creación del Registro Unificado Nacional (RUN) que fusiona Catastro y Registros Públicos.

Una promesa incumplida hasta la fecha es la implementación de un plan de guarderías gratuitas. “En mi gobierno apoyaremos a todas esas mujeres madres que quieren trabajar o estudiar, implementando guarderías gratuitas”, expresó el entonces presidenciable, que aún tiene este punto como materia pendiente.

“En mi gobierno vamos a decir ‘Chau, chespi’ y vamos a devolverle la seguridad a las calles y a las plazas. Reducir el chespi en las calles va a ser mi obsesión”, fue una de las promesas del entonces candidato a la presidencia, la que ya durante el Gobierno se convirtió en el “Plan Sumar”, un programa que une a varias instituciones para combatir de forma integral al problema de las adicciones.

El cumplimiento de esta promesa está en proceso, si bien las calles aún son testigos de jóvenes en situación de adicción y los problemas de inseguridad derivados de esta problemática aún persisten, el Gobierno ha encabezado diversas acciones contra el narcotráfico, el microtráfico, se ha dado atención primaria a personas con trastornos por uso de sustancias y desde el Ministerio de Educación se implementó “Escuelas Abiertas”, para trabajar desde la prevención, entre otras medidas más.

La problemática que busca resolver el “Plan Sumar” es a largo plazo, por lo que las acciones llevadas a cabo aún están lejos de reflejar resultados alentadores.