La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida, en esta ocasión, por el vicepresidente primero de la institución, Carlos Arrechea, convoca al plenario de la Cámara Baja para la última sesión ordinaria del año antes del inicio del receso parlamentario, prevista para este martes 17 de diciembre a las 09:00. El plenario analizará un total de 30 puntos previstos en el orden del día.
Entre los temas que deberán dar tratamiento se encuentra el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
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Esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.
Otro de los documentos a ser analizados por la Cámara Baja es el proyecto de ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley Nº 4.457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. La propuesta es una modernización de la legislación que regula a las Mipymes, es un paso necesario, a más de una década de su promulgación. Asegura que requiere adaptaciones urgentes para enfrentar los desafíos actuales.
La propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene como objetivo central simplificar los trámites y fortalecer al sector mediante herramientas tecnológicas y una mejor articulación interinstitucional. El enfoque principal es establecer un registro nacional homogéneo y actualizado, basado en una categorización automática y diferenciada según el tamaño y la facturación de las empresas.
El plenario tiene además pendiente de estudio el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja.
El objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal como lo estipula la Constitución Nacional, según la exposición de motivos.
En ese sentido, se informó que la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo, pero cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.
En esencia, el presente proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos.
Igualmente, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”, presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja.
Esta iniciativa, que se encuentra en primer trámite, busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. El documento se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación).
También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.
En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de cinco años.
El orden del día también prevé en lista el estudio de acuerdo de notas reversales entre Paraguay y el Japón; el proyecto de Ley de Tren de Cercanías; el proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay; entre varios otros temas de interés.
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