Los diputados Rubén Rubin y Carlos Pereira plantean modificar el artículo 17 de la ley N° 7143/23 - que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con esto buscan que los ingresos tributarios vayan directamente a las arcas del Estado y que sea exclusivamente el Presupuesto General de la Nación el que financie su funcionamiento.
A través de un proyecto de ley, los legisladores piden esta modificación con la argumentación de “fortalecer los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal en la gestión de los recursos públicos”.
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Así también, el documento presentado por los diputados señala que “los recursos tributarios son propiedad del pueblo y deben ser administrados de manera equitativa para financiar las prioridades del Estado”.
Entre los cambios planteados en este proyecto se encuentran: la eliminación de dividendos directos, que establece que “todos los ingresos por tributos, tasas aduaneras, multas y remates serán transferidos, íntegramente, al Tesoro Público, eliminando cualquier asignación directa a los funcionarios de la DNIT.
También se establece la redistribución equitativa. “Se propone destinar el 50% de las recaudaciones por tasas aduaneras y multas al Tesoro Público y el otro 50% al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), exclusivamente para la adquisición de medicamentos esenciales”.
Se añade la ratificación limitada y transparente en la cual “se garantiza una gratificación anual equivalente a un salario mensual por funcionario, sujeta a auditorías de la Contraloría General de la República”. Finalmente, las obligaciones de reporte en la que la DNIT “deberá presentar un informe anual detallado sobre metas de recaudación y estrategias para combatir la evasión fiscal”.
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Diputados analizará mañana RUN, modificación a Mipymes, estatuto de IPS y Servicio Civil
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida, en esta ocasión, por el vicepresidente primero de la institución, Carlos Arrechea, convoca al plenario de la Cámara Baja para la última sesión ordinaria del año antes del inicio del receso parlamentario, prevista para este martes 17 de diciembre a las 09:00. El plenario analizará un total de 30 puntos previstos en el orden del día.
Entre los temas que deberán dar tratamiento se encuentra el proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
Esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite constitucional, propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Según la exposición de motivos, este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.
Modificación Ley de Mipymes
Otro de los documentos a ser analizados por la Cámara Baja es el proyecto de ley “Que modifica varios artículos y amplía la Ley Nº 4.457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”. La propuesta es una modernización de la legislación que regula a las Mipymes, es un paso necesario, a más de una década de su promulgación. Asegura que requiere adaptaciones urgentes para enfrentar los desafíos actuales.
La propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene como objetivo central simplificar los trámites y fortalecer al sector mediante herramientas tecnológicas y una mejor articulación interinstitucional. El enfoque principal es establecer un registro nacional homogéneo y actualizado, basado en una categorización automática y diferenciada según el tamaño y la facturación de las empresas.
Función Pública y del Servicio Civil
El plenario tiene además pendiente de estudio el proyecto de ley “De la Función Pública y del Servicio Civil”. El documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja.
El objetivo principal de la propuesta es establecer una norma para la función pública que se encuentre en el ámbito del Poder Ejecutivo, reconociendo la autonomía de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal como lo estipula la Constitución Nacional, según la exposición de motivos.
En ese sentido, se informó que la normativa no excluye al Poder Judicial ni al Legislativo, pero cada organismo constitucional autónomo será la autoridad de aplicación en materia de función pública, reglamentando y aplicando esta ley en las relaciones laborales no cubiertas por un régimen especial, siempre en concordancia con la Constitución.
En esencia, el presente proyecto tiene por objeto establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos.
Carta Orgánica del IPS
Igualmente, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”, presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja.
Esta iniciativa, que se encuentra en primer trámite, busca modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. El documento se centra en el cambio en el período de cálculo de las jubilaciones, extendiéndolo de 36 a 120 meses (de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación).
También prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Según el documento, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.
En cuanto a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
También prevé el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. La propuesta establece un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de cinco años.
El orden del día también prevé en lista el estudio de acuerdo de notas reversales entre Paraguay y el Japón; el proyecto de Ley de Tren de Cercanías; el proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay; entre varios otros temas de interés.
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Tren de Cercanía: Comisión de Presupuesto aconseja sancionar proyecto del Ejecutivo
La Comisión de Presupuesto de Diputados, encabezada por Cristina Villalba, aconseja al pleno de la cámara aprobar el proyecto de la reforma del Tren de Cercanía. La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado y figura como uno de los principales puntos a ser analizados en la última sesión prevista para el próximo martes 17 de diciembre.
El documento se encuentra en el punto 6 del orden del día. También aconsejan la aprobación para su posterior promulgación o veto, las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, de Energía y Minería y de Entes Binacionales Hidroeléctricos que recomienda, por un lado, la aprobación y por el otro, el rechazo.
La iniciativa remitida por el gobierno de Santiago Peña trata de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí, utilizando la vía histórica del ferrocarril Carlos Antonio López.
El proyecto establece una franja de dominio de 14 metros en ambos lados de la vía, requiriendo una inversión aproximada de USD 600 millones para la ejecución. La propuesta promovida por el Ministerio de Obras Públicas, plantea que la obra sea encarada a través de una licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.
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Proyecto RUN
También el proyecto del Ejecutivo que plantea crear el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), fue evaluado por la comisión de presupuesto. Con respecto a este punto se emitió un dictamen aconsejando aceptar la versión Senado en su cuarto trámite constitucional.
La Cámara de Senadores había aceptado los cambios introducidos por los diputados, ratificándose en los artículos 122 y 126. El artículo 122 dispone que no podrá expedirse otro certificado de condición de dominio sobre el mismo inmueble y titular durante todo el plazo de vigencia.
Mientras que el artículo 126 menciona que la inscripción del título sin certificado de condición de dominio no perjudica la seguridad jurídica, ya que los registros públicos analizarán la inscripción una vez ingresada, emitiéndose una nota negativa en caso de corresponder el rechazo.
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DNIT desmiente que se haya ordenado control a exsenador Kueider
Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) negaron categóricamente haber recibido información previa o solicitud alguna para revisar el vehículo del destituido senador argentino, Edgardo Kueider, quien ingresó al país con USD 200.000 sin declarar.
“Ayer declaró que no es cierto que no era su mochila, pero cuando los funcionarios abrieron esa mochila estaba el dinero, dos documentos, su pasaporte y lo que lo acreditaba como senador de la Nación Argentina. Yo descarto y me hago cargo de eso, niego categóricamente que haya habido una información previa, una denuncia o una advertencia para que le controlemos”, afirmó Óscar Orué.
El titular de la DNIT indicó que si fuese cierta la versión de que hubo una advertencia sobre la situación de Kueider, no habría ningún inconveniente en informar que la revisión fue a partir de una sospecha, no obstante, de acuerdo a la investigación interna, las cámaras y las entrevistas a funcionarios, quedó constatado que el control fue de rutina.
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“No es cierto que se avisó antes, que alguien le vendió o que alguien nos dijo que le controláramos a él; porque, para empezar, el horario de ingreso fue uno en donde nosotros intensificamos los controles por el tema del contrabando, que fue alrededor de las 00:30 horas. Está todo grabado”, ratificó a la 1080 AM.
Orué manifestó que a lo largo de este proceso ha habido ciertas contradicciones por parte del exlegislador argentino, puesto que en un momento manifestó que el dinero no era suyo; sin embargo, en el momento de la revisión aseguró que su intención fue declarar ese dinero.
“Pero el proceso es previo en la página web, hay un sector donde especifica los requisitos de acuerdo a las normativas para ingresar más de USD 10.000″, sostuvo. Cabe destacar que este hecho motivó la destitución de Kueider en el Senado argentino, hecho que se concretó en la tarde del jueves 12 pasado.
Buscó salvataje
De acuerdo al relato de Orué, Edgardo Kueider habría realizado maniobras en medio del operativo para evitar su detención y que el hecho tome conocimiento público. El exparlamentario se identificó como un senador afín al gobierno de Javier Milei, pero la orden de la DNIT fue la de continuar con el proceso más allá de su cargo.
“Él llamó a tres senadores paraguayos; no dio nombres, pero dijo que se comunicaría con ellos para que intercedieran por él, pero nadie le atendió. A mí me llamaron a las 00:50 mis funcionarios para reportarme, y les dije que se cumplieran los procedimientos, pues no por ser senador se haría un procedimiento diferente”, sentenció.
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Brasil: diputados aprueban castración química a condenados por casos de pedofilia
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves el proyecto de ley que permite la castración química a las personas procesadas y condenadas por abuso sexual a menores de edad. El documento pasa al Senado para su análisis y consideración.
Igualmente, este proyecto prevé además la inclusión de la creación de un registro fotográfico de pederastas.
La medida, que fue aprobada por 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, contó con el apoyo de la derecha moderada y de la radical.
El documento explica que la castración será a través de “medicamentos inhibidores de libido y según los términos reglamentados por el Ministerio de Salud”, señala la enmienda formulada por el diputado bolsonarista Ricardo Salles. La derecha política en el país vecino celebró este avance, aunque señalaron que lo ideal sería la pena de muerte.
En cuanto a la creación de un registro público con imágenes fotográficas e informaciones de los condenados por este delito, este registro será gestionado por el Consejo Nacional de Justicia, un organismo encargado de controlar la transparencia de los procesos judiciales.
El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) celebró en redes sociales la sanción de este proyecto considerando como un “paso histórico”.
Diputados de la izquierda, como el caso de Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmaron que la mejor manera de combatir estos casos de pedofilia es la prevención a través de la educación sexual en las escuelas, y que el proyecto de ley es una “farsa”.
La pedofilia es la atracción erótica o sexual que una persona adulta tiene hacia niños o niñas (menores de edad).
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