El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, expresó su respaldo al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, tras solicitar la reestructuración de la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) con la finalidad de impulsar el fortalecimiento del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“Mi voto de confianza para el ministro de la Senad es inalterable. Paraguay dejará de ser un país narco. Nuestro país anteriormente tenía ministros narcos, que iban de vacaciones solventados por los narcotraficantes. Chateaban con miembros del crimen organizado, procuraban licitaciones, entonces la Senad no tenía la institucionalidad requerida. Esto tiene que cambiar”, sostuvo.

El legislador recordó el vínculo entre el exministro del Interior y extitular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “En un año, el actual ministro Rachid hizo más que los anteriores. El gobierno de Santiago Peña verdaderamente está combatiendo al crimen organizado, se ve diferencias mediante las inversiones en el área de seguridad”, manifestó Núñez, este miércoles, a los medios de comunicación.

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Núñez consideró que es fundamental que Paraguay siga recibiendo cooperaciones internacionales para luchar contra el narcotráfico, pero mencionó que las acciones deben ser encaradas bajo el control de las instituciones del Estado. “Debemos darle tiempo a la Senad para seguir trabajando, la DEA no vendrá a darnos la solución definitiva si nosotros no ponemos voluntad política”, dijo.

El pedido de redireccionamiento surgió teniendo en cuenta la necesidad de la Senad de optimizar recursos humanos, ya que actualmente dispone de apenas 300 agentes para todo el país y que esta reestructuración permitirá disponer de más efectivos para los trabajos de investigación. La cartera antidrogas podrá reorganizarse con el retorno de 15 agentes que hoy colaboran directamente con la DEA para trabajar en el área de inteligencia.

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El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, confirmó que el bloque retomará sus funciones en marzo del 2025.

La decisión surge ante la proximidad del receso parlamentario, el cual se iniciará el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 2 de marzo del próximo año. “Algunos miembros están de viaje, ya resta una semana nada más, inicialmente se retoma el año que viene”, mencionó a los medios de comunicación.

Detalló que aún no se definió una nueva agenda de trabajo y tampoco una nómina sobre posibles nuevas autoridades del sector público o privado a ser convocadas. No obstante, recordó que sigue pendiente la comparecencia de los representantes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), por solicitud de varios diputados de la oposición.

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Semanas atrás ambas cámaras del Congreso Nacional aprobaron la extensión de la vigencia del bloque bicameral por un período de 60 días tras pedido de sus miembros, con el objetivo de continuar con las indagaciones. La comisión se encuentra conformada por los senadores Gustavo Leite, Colym Soroka y los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández.

Uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite había afirmado que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.

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“Mario Abdo Benítez debe­ría quedarse callado por dignidad”, aconsejó el sena­dor Gustavo Leite al expre­sidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, quien mediante algunos medios de comunicación que fun­gen como aliados cuestiona la decisión adoptada por el gobierno de Santiago Peña consistente en redireccionar la cooperación proveída por la Administración de Con­trol de Drogas (DEA) a la Policía Nacional.

En la búsqueda de protago­nismo político, Abdo Benítez apunta a instalar la especula­ción de que la reestructura­ción entorno a la asistencia internacional tendría moti­vaciones ocultas, sin expo­ner pruebas o argumentos valederos, para luego dar cátedras de estrategias en la lucha contra el narcotrá­fico, siendo que su gobierno posicionó al Paraguay en el cuarto lugar en criminalidad organizada.

A la vez se encargó de conver­tir a Paraguay en una plata­forma para el envío de cocaína a Europa tras impulsar un esquema para el desmonte de los controles en los puertos, teniendo como principal brazo operativo del debilitamiento de los sistemas de seguridad interna al exministro del Inte­rior y extitular de la Senad Arnaldo Guizzio.

“Mario Abdo Benítez tiene la deshonrosa distinción de haber abierto las puertas de par en par al narcotráfico en Paraguay. Los chanchos no pueden hablar de higiene. Ya le llegará la justicia a él también, todo es cuestión de tiempo”, dijo Leite en comu­nicación con La Nación/Nación Media.

“No se puede dejar de señalar la contradicción en las declaraciones del expresidente Abdo Benítez”.

El diputado Rodrigo Gama­rra resaltó las contradiccio­nes del expresidente Mario Abdo Benítez, quien cues­tiona ahora las decisiones del Gobierno en redireccionar la cooperación de la Adminis­tración de Control de Drogas (DEA) a la Policía Nacional. El legislador colorado recordó que bajo su gobierno se vio cómo el narcotráfico se for­taleció con total complicidad de las instituciones del Estado que debían realizar los con­troles y enfrentar al crimen organizado.

En comunicación con el Dia­rio La Nación/Nación Media, el legislador señaló que este tema es bastante delicado; no obstante, indicó que no puede dejar de señalar la contradic­ción en las declaraciones del expresidente Abdo Benítez. “Durante su administración, vimos cómo el narcotráfico se fortaleció, en parte por la falta de estrategias claras y eficientes en la lucha contra este flagelo”, afirmó.

Asimismo, recordó el caso de su exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que antes de asumir este cargo incluso fue titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, y que tras investigaciones fiscales se revelaron sus vínculos directos con organizacio­nes criminales.

“Es un ejemplo claro del debilitamiento institucio­nal que sufrió el país bajo su liderazgo. Esto generó no solo un vacío en el com­bate al crimen organizado, sino también una pérdida de confianza en las auto­ridades encargadas de enfrentar este problema”, mencionó.

El diputado Alejandro Agui­lera salió al paso de las afir­maciones esgrimidas por los adversarios del gobierno de Santiago Peña, que manifies­tan que la decisión tomada, derivando la cooperación pro­veída por la Administración de Control de Drogas (DEA) a la Policía Nacional permi­tirá que el narcotráfico goce de buena salud en Paraguay. “Decir que el Estado para­guayo dejará el arco libre para el narcotráfico es una men­tira.

La Senad con el gobierno del presidente Santiago Peña ha demostrado resultados contundentes mediante los cargamentos confiscados, los números son demasiado claros, datos matan relato”, dijo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media. Anteriormente, la colabora­ción de la citada agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contra­bando, el consumo de drogas y el lavado de activos se con­cretaba a través de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU).

El pedido de redirecciona­miento fue realizado por el titular del ente antinarcótico de Paraguay, Jalil Rachid, teniendo en cuenta la nece­sidad de la Senad de optimi­zar recursos humanos, ya que actualmente dispone de ape­nas 300 agentes para todo el país y que esta reestructura­ción permitirá disponer de más efectivos para los traba­jos de investigación.