El proyecto de ley que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS), remitido por el gobierno de Santiago Peña, tendrá su primer trámite constitucional este martes 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. La iniciativa figura en el punto 5 del orden del día.
El documento fue presentado a mediados de noviembre y cuenta con dictamen de aprobación por parte de las comisiones asesoras de Presupuesto, Salud Pública y de Justicia, Trabajo y Previsión Social. La sesión ordinaria se encuentra fijada para las 9:00.
La iniciativa tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándolo a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Para esto el Ejecutivo propone elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Prevé además cambios en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. De acuerdo a la propuesta, para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.
Con relación a la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El documento incorpora la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
También establece el fortalecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad. El proyecto estipula un incremento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS, con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años.
Por otro lado, para las jubilaciones por invalidez, el Ejecutivo plantea un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.
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