Con la finalidad de reducir la influencia del crimen organizado mediante las actividades delictivas orquestadas desde las cárceles, el diputado colorado José Rodríguez presentó el proyecto de ley que busca prohibir la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios.
La iniciativa ya fue remitida a las diferentes comisiones asesoras para su respectivos dictámenes ya sea a favor o en contra, previo tratamiento en la plenaria. La exposición de motivos refiere que pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
El documento argumenta también que la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.
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Ante este conflicto, el parlamentario propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor. Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas.
La propuesta sostiene a la vez que de acuerdo a las informaciones oficiales revelan que hasta el pasado mes de agosto del 2024 se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, refiere el documento.