El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Santiago Peña, promulgó la ley que establece el régimen nacional de integridad pública, transparencia y prevención de la corrupción en un acto donde participan varias autoridades del Gobierno. Esta nueva normativa suprime a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y otorga el rol de control a la Contraloría General de la República (CGR).
El contralor general, Camilo Benítez, quien anunció esta promulgación, destacó que se trata de un proyecto que ya viene siendo discutido desde hace 10 años, y en este momento se vuelve una realidad en el marco de la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.
“Esta ley de integridad pública, transparencia y prevención de la corrupción es una iniciativa que originalmente se había concebido para la Secretaría Nacional Anticorrupción y tiene en discusión hace más de 10 años, nunca el sector político pudo ponerse de acuerdo acerca de la importancia que es una ley que crea una política pública de integridad para la República del Paraguay”, expresó en su intervención.
Recordó, que la sugerencia de que la Senac ya no podría llevar adelante este control fue de la propia Contraloría. “Nosotros habíamos sugerido que la Secretaría no podría llevar adelante esta política porque carecía de uno de los factores sustanciales que es la independencia del poder administrador, porque claramente, la recepción de las denuncias contra funcionarios públicos no podía manejar un ministro del gabinete del Poder Ejecutivo”, mencionó.
Lo que implica la ley
El contralor señaló que la ley que crea el régimen nacional de integridad pública reglamenta ciertos principios que ya están en vigencia hoy, que tiene que ver con la transparencia y la recepción de denuncias, en cuánto a la transparencia. “Existe en Paraguay una ley que es del 2014 que es la ley más emblemática en cuánto a acceso a la información pública y transparencia que es la ley a la información pública y transparencia gubernamental”, indicó.
En este contexto, en la trasparencia existen dos facetas, la transparencia pasiva, que es cuando una persona quiere acceder a una información y en eso cumplen todos los poderes del Estado, y la transparencia activa es la obligación que tienen las autoridades de publicar la información de forma activa para que toda la ciudadanía pueda acceder, explicó el contralor.
En este aspecto, el Ejecutivo cumplió bastante bien, sin embargo, las falencias se dan en gobiernos departamentales y los otros gobiernos del Estado. “Por eso es que queremos regular a partir de la promulgación de esta ley, que esta transparencia activa sea una realidad”, señaló Benítez.
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