El Ministerio de Justicia está impulsando una iniciativa legislativa que tiene el fin de establecer una pena para quienes ingresen teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos a los centros penitenciarios. El proyecto contempla diferentes tipos de sanciones dependiendo de quien incurra en este hecho, es decir, si son visitas, proveedores del penal o los propios funcionarios penitenciarios.
“Desde el viceministerio y la Cámara de Diputados queremos tratar de desalentar el ingreso y tentativa de ingresos de aparatos celulares y tecnológicos de comunicación que no están autorizados. Actualmente esto solo tiene una sanción administrativa, es decir, si una persona intenta introducir un celular al penal, solo es sancionado con la prohibición de ingresar al centro penitenciario o de visitar a una persona privada de libertad”, explicó el viceministro Víctor Benítez.
El titular del Viceministerio de Política Criminal detalló a la 650 AM que con esta medida se busca erradicar el ingreso de los dispositivos, por lo que el proyecto contempla diferentes expectativas de penas privativas de libertad.
Cuando se trata de una visita se prevé una sanción penal de que va desde los 2 a 4 años de cárcel, cuando son proveedores de alimentos o empresas que trabajan con el ministerio, la pena puede extenderse hasta los 5 años de prisión mientras que cuando son funcionarios o encargados del custodio del sistema los que recaen en este hecho, la pena podrá ir hasta los 7 años de pena privativa de libertad.
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“Este proyecto de ley será analizado por el Congreso, algunos podrán decir que con esto solo se estaría elevando el precio de los teléfonos celulares para su ingreso, pero la intención nuestra es desalentar y de una vez por todas que no tengamos aparatos celulares sin autorización dentro de las penitenciarías y así evitar varios hechos punibles que se suelen dar por tener celulares dentro de las cárceles”, manifestó.
Benítez indicó que están confiados que con esta iniciativa podrían mejorar la situación penitenciaria actual, no obstante, reconoció que una ley no será suficiente para erradicar el ingreso de celulares a los centros penitenciarios y que será clave el combate a la corrupción y el control irrestricto de los funcionarios.
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