Al menos nueve personas murieron este domingo tras la caída de un avión de pequeño porte en una zona comercial de la ciudad turística de Gramado, en el estado brasileño de Río Grande do Sul (sur), informaron las autoridades.

“Hay nueve muertos confirmados por (los servicios de) Defensa Civil y no hay sobrevivientes del avión”, dijo a la AFP el comisario Cléber dos Santos Lima, director del Departamento de Policía del Interior de la Policía Civil del estado.

Las autoridades no confirmaron por el momento cuántos pasajeros y tripulantes viajaban en el avión, un turbohélice Piper Cheyenne 400, aunque Defensa Civil dijo más temprano que “preliminarmente, el avión transportaba diez personas”.

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La aeronave se estrelló la mañana del domingo “contra la chimenea de un edificio, luego contra el segundo piso de una casa y después cayó sobre una tienda de muebles”, informó en una nota la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Sul. Los destrozos “también alcanzaron a una posada”, añadió.

Al menos 15 personas fueron trasladadas al hospital, la mayoría por haber inhalado humo del incendio que provocó el accidente, luego controlado por los bomberos. El avión había despegado del municipio de Canela, otro destino turístico de Río Grande do Sul. “Infelizmente, las informaciones iniciales indican que los ocupantes del avión no sobrevivieron”, dijo el gobernador del estado, Eduardo Leite, en su cuenta de X.

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“Estoy acompañando junto a las fuerzas de seguridad del Estado el triste episodio”, agregó. Gramado es una popular ciudad turística en Brasil, con importante afluencia de visitantes en la época de Navidad. Este es el segundo accidente con varias víctimas fatales este fin de semana en Brasil, luego de que 41 personas murieran el sábado en un accidente de ómnibus en Minas Gerais (sureste).

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “terrible” la tragedia del ómnibus, que se habría producido luego de que la carga de un camión que circulaba en sentido contrario se desprendiera de la carrocería e impactara al vehículo con pasajeros.

Fuente: AFP

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas, dio a conocer el balance preliminar de las principales economías de Latinoamérica y el Caribe, estimando que Paraguay cerraría el 2024 con un crecimiento del 4,2 %, mientras que para el 2025 se prevé una expansión del 3,9 %.

Cepal sobre Paraguay. Las estimaciones de la Cepal superan las proyecciones dadas a conocer por el Banco Central del Paraguay (BCP), que estimó un crecimiento de 4 % al término del corriente año. En tanto que para el 2025, la banca matriz estimó un crecimiento cercano al 3,8 %.

El nuevo reporte del organismo internacional incluso supera las previsiones que habían compartido anteriormente, atendiendo que se había determinado un crecimiento del 3,8 %, mientras que de cara al 2025 se había estimado un crecimiento cercano al 3,6 %.

Paraguay sería superado solo por Venezuela y República Dominicana, que al cierre del 2024 contarán con un crecimiento estimado en 6,2 % y 5,2 %, respectivamente. Para el 2025, Venezuela bajaría a 3,1 %, mientras que República Dominicana crecería en 4,6 %; Argentina registraría un repunte para el 2025, con un crecimiento de 4,3 %.

“Para enfrentar la trampa de baja capacidad para crecer se requiere, por una parte, aumentar la capacidad de las economías para movilizar recursos financieros de manera efectiva y, por otra, fortalecer la capacidad productiva a mediano y largo plazo”, expresó el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, durante el informe.

ALC. En términos generales, a nivel de América Latina, la tasa de crecimiento proyectada para 2024 es de 2,2 % y de 2,4 % para 2025, con un crecimiento promedio anual en la década 2015-2024 de 1 %, lo que implica un estancamiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita durante ese período.

En 2025 América del Sur crecería 2,6 %; Centroamérica 2,9 %; mientras que en el Caribe, sin incluir a Guyana, crecería 2,6 %. En este contexto, Cepal determinó que persisten el bajo ritmo de creación de empleo, la elevada informalidad y las significativas brechas de género en los mercados laborales de la región.

Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

En medio de una innegable transición democrática posdictadura y una coyuntura política poco predecible, este 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico de los llamados Archivos del Terror, documentos de alto valor histórico, político y social no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y, tal vez, para el mundo entero.

Paraguay vivía los primeros años de gobierno luego de la caída de una dictadura que duró más de 30 años: el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó en 1989. Transcurrieron apenas unos pocos meses de la aprobación de la Constitución Nacional de 1992, que daba los primeros pasos con las herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo. Nuevos órganos constitucionales y figuras que garantizan derechos fundamentales, pero en el caso concreto fue el habeas data el protagonista, una garantía constitucional que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable, quien en vida fuera Martín Almada. Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, Almada luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas de la dictadura.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia, puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el régimen de Stroessner.

Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el Gobierno. Comenzó una investigación solitaria, que a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia no solo del país, sino de toda Latinoamérica.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató años más tarde que, mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó. Esta le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

Un 22 de diciembre de 1992, el equipo se dirigió a un edificio en las cercanías de Asunción, puntualmente a la sede del Departamento de Producción de la Policía de la capital. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa que hubiera habido. Intentaron allanar el lugar, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

Lo que se encontraron era estremecedor e impactante. Montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataba nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura stronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

Tamaño acervo documental graficaba tal vez en cierta medida la brutalidad del régimen dictatorial, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa Operación Cóndor. Los documentos también confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que operaba de manera conjunta y sistemática para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos.

Con el tiempo, los popularmente conocidos como Archivos del Terror se convirtieron en un testimonio clave para la Justicia, reivindicación y fortalecimiento del “Nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, los Archivos del Terror fueron inscritos en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco, y en 2011 en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

El hallazgo de los Archivos del Terror no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la famosa Operación Cóndor.

“Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló. Reconoció que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.