La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de este martes, aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo y sanciona la parte no objetada del proyecto que plantea modificaciones a la Ley 5444/2015, en sus artículos 7 y 11, “de fomento del alcohol absoluto y alcohol carburante”.

El presidente de la República, Santiago Peña, había objetado parcialmente la propuesta que planteaba la compra del 50 % de alcohol de caña de azúcar (existe también de maíz y otros) y mezcla del 30 % con naftas para automóviles flex. La normativa fue sancionada y vuelve al Poder Ejecutivo.

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Por otra parte, el pleno de la Cámara Baja sancionó el proyecto de ley “que establece el régimen sancionador a ser implementado en los marcos normativos que regulan al alcohol absoluto, alcohol carburante y biocombustibles. También pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El proyecto de ley tiene por objetivo “establecer el régimen administrativo sancionador a ser implementado en los casos de incumplimiento de los marcos normativos vigentes que regulan al alcohol absoluto, al alcohol carburante y los carburantes”, explicó la diputada Cristina Villalba, en representación de la Comisión de Presupuesto que aconsejó su aprobación.

Entre las sanciones se establecen apercibimiento, multas, suspensión o anulación de los beneficios, comicios o incautación de los productos, cancelación o inhabilitación temporal de la autorización o título habilitante.

También se prevé que los denunciantes y los funcionarios que tengan participación en los procesos de fiscalización e intervenciones realizados por el Ministerio de Industria y Comercio tendrán derecho a una participación de hasta 15 % de las multas que se aplique o se cobren a los infractores.

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La Cámara de Diputados llevó adelante el estudio del proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN)”. Luego del análisis a los dictámenes en coincidencia, emitidos por las Comisiones de Presupuesto y Equidad Social, el plenario acompañó la aprobación con modificaciones de varios artículos. El proyecto vuelve a la cámara de origen, para que el Senado acepte o rechace las propuestas de modificación, en una tercera vuelta del proceso legislativo.

Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en Paraguay. Obtuvo una media sanción de la Cámara de Senadores y en la fecha fue analizada por la Cámara Baja, que aprobó de manera general pero con algunas modificaciones en sus artículos.

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La propuesta propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Este nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.

Durante el debate, el diputado liberal Rodrigo Blanco indicó que si bien acompaña la propuesta, solicita al pleno testar o eliminar el artículo 126, el cual plantea la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominios. Explicó que de aprobarse esto, sería muy grave, porque arrastraría enormes problemas con los titulares de dominio.

“Si se permite la inscripción del título sin el certificado de dominio, esto puede ser el carnaval. Resulta que si esto ocurre se va judicializar y se va pelear hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese conflicto. Todo esto se puede evitar manteniendo vigente la condición de presentación de la condición de dominio. Por ello, considero fundamental testar este artículo 126″, expresó. Al momento de la votación en particular esta moción fue acompañada por la mayoría y el artículo en cuestión fue excluido de la ley.

El diputado colorado Santiago Benítez, por su parte, resaltó que esta será una oportunidad histórica de modernizar los registros en el Paraguay. Indicó que si bien, muchos cuestionarán un servicio deficiente, considera oportuno apostar a la capacitación, a la organización, a la eficiencia de los que estarán encargados a la aplicación de la ley para llegar a la eficacia.

“Un sistema registral moderno no es solo un instrumento administrativo, sino que es la base sobre la cual una nación construye confianza, seguridad y progreso. Es hora de que Paraguay avance hacia modelos que ya países vecinos como Colombia, Chile, España, implementaron este sistema unificado y es importante para la confianza ciudadana y el desarrollo económico. Por ello expreso mi apoyo y acompañamiento”, indicó.

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El proyecto de ley que crea el Registro Único Nacional (RUN) se encuentra entre uno de los puntos del orden del día de la Cámara de Diputados. El presidente de esta instancia legislativa, Raúl Latorre, sostuvo que esta normativa pretende subsanar la problemática de la superposición de títulos de tierras.

“Tiene que ver con el fortalecimiento del sistema jurídico que se plantea desde la lógica de la posesión de la tierra. Nuestro país vive en una paradoja”, expresó el legislador a los medios de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria de este miércoles.

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Latorre manifestó que existe una gran paradoja, por un lado, cuenta con una de sus riquezas y fortalezas más grandes, la tierra y su fertilidad para la producción de alimentos, sin embargo, también existe una gran problemática de las titulaciones de tierra.

“Una de nuestras mayores riquezas, una de nuestras mayores fortalezas es nuestra tierra, la riqueza, la fertilidad, la productividad la tierra, el suelo paraguayo, pero este gran potencial que hoy hace que, a pesar de ser un poco más de 6 millones de habitantes y produzcamos alimentos para más de 100 millones de habitantes en el mundo, existe la paradoja de la superposición de títulos”, mencionó.

Agregó que esta superposición de títulos se da a consecuencia de un sistema desordenado que no genera calidad en cuánto a la claridad de la posesión de tierras, y con este proyecto se busca dar solución a esta problemática.

“Nosotros entendemos que el RUN, es un paso fundamental en un sendero, en un camino que busca ordenar la tenencia de la tierra y brindar seguridad jurídica al sector productivo o a quienes quieren apostar, a quienes quieren invertir en Paraguay”, apuntó.

Mientras tanto, sostuvo que espera que se pueda dar un debate sano para lograr avanzar en esta propuesta a fin de avanzar en un ordenamiento en lo que respecta a la tenencia de tierras en el país.

“Dentro de esa lógica se ha producido una serie de conversaciones, con los colegas, con actores del Poder Ejecutivo, con diferentes gremios asociados que están vinculados o relacionados de alguna manera, que van a ser afectados por esta ley y esperamos que esto pueda tener un sano debate y que podamos avanzar en cuanto al ordenamiento de la tenencia de la tierra y a la generación de seguridad jurídica”, puntualizó.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

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