Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) indicaron que la nueva ley de universalización de la pensión para adultos mayores contempla un enfoque de mayor atención para este segmento, es decir, el objetivo es no limitar el apoyo estatal a una transferencia económica, tratando de asegurar el bienestar de las personas de esta franja etaria.

“Dentro del MDS le vamos a dar una visión social a este programa, en el sentido que ya no va a ser una transferencia monetaria fría como se hacía anteriormente, queremos asistirle al adulto mayor de alguna u otra forma y eso está previsto en la ley”, explicó el viceministro de Administración Financiera del MDS, Raúl Ramírez.

Para este fin, la ley eliminó todos los procesos burocráticos y la presentación de documentos. La institución se valdrá de la tecnología y de la base de datos de las distintas instituciones para hacer el cruce de información y determinar la elegibilidad de los inscriptos y también para detectar a las personas con las características de formar parte del programa, pero que no se han inscripto.

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“Pedimos una inscripción a voluntad que aparece en nuestra página web para el adulto mayor, no es solamente la única plataforma donde vamos a estar haciendo la elegibilidad. Aquel adulto mayor que está en el interior del país, que no tiene celular, computadora o internet, igualmente vamos a detectarlos a través del sistema informático mediante el cruzamiento de datos con Identificaciones”, detalló.

En contacto con Unicanal, el viceministro reiteró que podrán acceder a este programa los adultos mayores a partir de los 65 años, los discapacitados de 60 años en adelante y los indígenas con 55 años o más. También podrán ser beneficiarios las personas adherentes al sistema del Instituto de Previsión Social (IPS), los extranjeros residentes en Paraguay desde hace más de 30 años y los naturalizados desde hace 5 años o más.

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El Club de Adultos Mayores “Vida plena” del Instituto de Previsión Social (IPS) del Hospital Ingavi realizó su primer encuentro en el en el salón auditorio del centro asistencial ubicado en San Lorenzo, el pasado 5 de noviembre a tempranas horas de la mañana. Los participantes disfrutaron de una clase de baile combinada con ejercicios cognitivos y charlas educativas.

Las dinámicas estuvieron a cargo de la geriatra Ana González, la licenciada Ada Cáceres, conversando sobre las normas de convivencia y la licenciada Gladys Meza, realizando una práctica de mindfulness (atención plena). Además, se llevaron a cabo ejercicios de relajamiento muscular a cargo de la licenciada Nelly Soto y la licenciada Sandra González, para luego pasar a la clase de danza de la mano de la nutricionista licenciada Laura Irala.

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La organización de los encuentros asegura que “los adultos mayores recibirán contención, afectividad y orientación de un equipo interdisciplinario de profesionales, preparados para abordar en forma individual y grupal las diferentes problemáticas que presenta esta población”. Además, mencionan que entre los beneficios de las reuniones se encuentran la ayuda al sistema circulatorio, respiratorio, y psicológico.

El programa prevé que las reuniones del club sean desarrolladas cada dos semanas, generando un espacio de integración, soporte y contención entre los participantes y profesionales. Asegurados y no asegurados pueden acceder a este servicio consultando en la recepción de la dirección del hospital, ubicado en Capitán Rivas y Río Ypané de la ciudad de San Lorenzo, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 13:00.

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En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.

La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.

No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.

“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.

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Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.

Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

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La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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