La sobredeclaración y subdeclaración existen y se dan en nuestro país lastimosamente”, sostuvo el titular de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Aguayo, al referirse sobre el proyecto que pretende elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con la finalidad de resguardar las finanzas de la previsional.

Nosotros tenemos un acuerdo parcial con esta propuesta porque evidentemente no se puede desconocer los hechos que motivan la extensión del plazo para el cálculo. No desconocemos esa realidad y al elevar el cálculo se tornaría en un obstáculo para evitar las maniobras o distorsión que se realizan”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aguayo acotó que “por lo general las patronales distorsionan cuanto efectivamente ganan los trabajadores de una empresa, si tienen por ejemplo un ingreso equivalente entre G. 4 a 5 millones, hacen figurar que ganan el salario mínimo y en consecuencia cotizan menos a la previsional, esto básicamente es una evasión parcial de la seguridad social, pero cuando se llega a los últimos 3 años, se da lo contrario, hay una sobredeclaración, pasa de manera simulada a hacer figurar que ganan 2 o 3 veces el salario que efectivamente tienen para acogerse a una mayor jubilación”.

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No obstante, el representante del sindicato señaló que el problema de la iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social radica en que si se extiende el plazo del cálculo para la jubilación a 10 años, el monto final “sufrirá un deterioro y disminución muy notable”, afectando principalmente a aquellos aportantes que tuvieron un ingreso promedio o bajo durante su etapa laboral.

“Esto va a significar un detrimento a sus condiciones de existencia porque tendrá una jubilación paupérrima, ya que tendrá una jubilación que no alcanzará para costear el costo de vida. Al inicio cuando hablamos con la gerencia económica de la previsional, ellos nos señalaron que para evitar esto elaborarían una fórmula que tome como base al índice de precios al consumidor como indicador para que el monto final tenga como un anclaje a la realidad actual”, explicó.

Aguayo mencionó que en la iniciativa remitida días atrás al Congreso Nacional no se observa que el planteamiento haya sido finalmente introducido o tenido en cuenta. “El problema es que en este proyecto no dice absolutamente nada de esto. Incluso nosotros cuestionamos que el IPC no podría ser el único indicador para promediar, ya que según el propio ministro de Economía y Finanzas no refleja fielmente la realidad”, puntualizó tras abogar por la realización de audiencias públicas en el Legislativo para discutir la propuesta.

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