Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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La mesa directiva de la Cámara de Diputados, liderada por Raúl Latorre, fijó un total de 23 puntos en el orden del día para la sesión ordinaria del estamento, prevista para el 19 de noviembre. Entre los puntos destacados a ser analizados figuran el proyecto que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) y la propuesta que plantea extender el mandato de la Comisión Bicameral de Investigación.

Con relación a la primera iniciativa, ya cuenta con media sanción del Senado y propone unificar la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección General de Servicios Nacionales de Catastro, dependientes del Poder Ejecutivo, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.

El proyecto indica que el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y la reducción de costos para el Estado.

En cuanto a la extensión de mandato de la comisión bicameral para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, sus miembros solicitan un nuevo plazo de 60 días hábiles con la finalidad de continuar con las indagaciones.

La propuesta inicialmente debió ser analizada por el pleno en la sesión ordinaria de este último martes, sin embargo, quedó pendiente. “Yo soy del criterio de que toda comisión que se instala, se integra, tiene que tener una conclusión de su trabajo. Al entender de los integrantes, ellos piden una prórroga porque entienden que no tienen el tiempo suficiente para expedirse sobre los temas que convocó a esta comisión”, dijo el diputado Hugo Meza, vocero de la reunión.

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La Cámara de Diputados sancionó este martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

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La propuesta crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores, eso es algo que se entendió con claridad y en base a eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortalecer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El diputado destacó que se realizaron varias conversaciones y audiencias para el análisis de esta iniciativa, encabezada por el presidente de la República Santiago Peña, para llevar adelante esta propuesta.

“Se trazó un camino, una serie de estrategias, entre las cuales se encontraba la presentación y la aprobación de la ley de integridad. Una ley que plantea con claridad fortalecer las capacidades que tiene nuestro Estado para combatir contra la corrupción y contra la impunidad”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2025 en esta instancia legislativa. El parlamentario resaltó que se aprobó un presupuesto equilibrado para mejorar el servicio en salud, educación y seguridad para la ciudadanía.

“Se planteó un presupuesto equilibrado que busca seguir con la política de descenso del déficit fiscal y fortaleciendo áreas sensibles, como son la salud en cuanto a la capacidad del Estado de proveer servicio de calidad a todos los paraguayos, mejorar la calidad educativa, las capacidades de brindar seguridad y un ecosistema que todos los paraguayos tengamos un trabajo digno”, señaló antes del inicio de la sesión de este martes.

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Latorre destacó el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año la presidencia estuvo a cargo de la Cámara de Diputados. “Nosotros buscamos la generación, en conjunción con los colegas, con un gran trabajo, hubo felicitaciones de diferentes sectores hacia el trabajo de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año tocó ser presidida por la Cámara de Diputados, en este caso por la diputada Cristina Villalba”, apuntó.

El diputado fue consultado sobre la reposición de los cupos de combustibles para la Cámara Baja, a lo que respondió que es considerado como una de las herramientas para que los legisladores pueden realizar su trabajo.

“En el análisis de las herramientas necesarias por parte del cuerpo colegiado, para realizar su trabajo se optó por restituir los cupos de combustibles y se optó por no restituir el seguro médico. Se prescindió de la restitución del seguro médico, es un gasto que se decidió orientar hacia la infraestructura”, explicó.

Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que será tratado en el pleno de Diputados. Indicó que es una ley que nace en base a un pacto de lucha contra la corrupción y la impunidad que se generó entre los tres poderes del Estado y los extrapoderes, con la participación del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

“El espíritu de la ley es mejorar las condiciones y las herramientas con las que cuenta el Estado para luchar contra la corrupción y la impunidad. Es una gran apuesta que se está haciendo en base a esta conjunción de voluntades que buscan fortalecer nuestra capacidad de lucha contra la corrupción y la impunidad”, sentenció.

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