La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, analizó en su sesión ordinaria, designaciones para las representaciones diplomáticas, en este caso la designación del embajador en España, Justo Pastor Apodaca, para la concurrencia en Andorra; y el embajador Raúl Florentín Antola, embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para la concurrencia en la República de Haití.

El presidente de la comisión asesora, Antonio Barrios, explicó que las representaciones concurrentes son para extender la representación diplomática a otra región o país, y en ese caso, se solicitan las designaciones de dos embajadores. Sin embargo, la comisión resolvió tratar todos los pedidos en una sola ocasión.

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“Hay una cantidad de concurrencias. La concurrencia es darle la responsabilidad de una embajada a un embajador para evitar poner a otro embajador, el mismo embajador, con el mismo salario y el mismo cargo, representa, y es como el embajador”, indicó el senador.

La figura de “concurrencia” permite que un mismo embajador represente a Paraguay en múltiples países, sin la necesidad de crear una nueva embajada ni realizar erogaciones adicionales. Los embajadores ya establecidos siguen ejerciendo sus funciones, con el mismo cargo y salario, ampliando su responsabilidad para incluir otros países.

Barrios explicó además que esta estrategia también representa un importante ahorro para el Estado, ya que un embajador puede llevar otras representaciones, sin que esto represente la apertura de nuevas embajadas.

“Tenemos muchas concurrencias, tenemos muchos países donde nuestros embajadores que están en un origen, van a ser concurrentes. Ahora decidimos tratar todas las concurrencias de una sola vez. Lo importante es recalcar que esto significa un gran ahorro al presupuesto de Gastos de la Nación”, sentenció.

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Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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Una vez más, los senadores Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla se lanzaron ayer fuertes calificativos durante el pleno de la sesión extraordi­naria de la Cámara Alta.

La discusión se generó durante el tratamiento del proyecto de ley “Que aprueba el convenio de préstamo, suscrito por el BIRF y la República del Paraguay, por un monto de hasta ciento veinticinco millones trescien­tos mil dólares de los Estados Unidos, para el financiamiento del proyecto Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa en Paraguay”.

El senador Amarilla acusó a su colega Celeste de ser una “coimera” y que no tenía ver­güenza de estar pidiendo un vehículo blindado a ser pagado por el Legislativo antes que usar esos recursos para la construcción de escuelas en el país.

A lo que ni corta ni perezosa, la senadora tildó a su colega de “gordo de mierda” y otros irreproducibles epítetos. Ante el disturbio y desorden en la sala, el presidente de la Cámara de Senadores, Basi­lio Núñez, decidió levantar la sesión extraordinaria.

Calmados los ánimos, el pre­sidente de la Cámara, Núñez, resolvió continuar la sesión con otra extraordinaria, donde finalmente aprobaron el millonario préstamo inter­nacional para el Ministerio de Educación y Ciencias.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de “ley de la función pública y la carrera del servicio civil” con modificaciones en algunos de sus artículos, por lo que la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados. En principio, fue aprobado en general con el voto de 35 legisladores y posteriormente se procedió al estudio en particular de cada uno de sus artículos.

El proyecto consta de 148 artículos de los cuales, 45 de ellos no fueron objetados por los legisladores mientras que los restantes 103, sí presentaron observaciones, pedidos de aclaraciones o incluso la supresión de ciertos incisos o articulados. Pese a que se realizaron modificaciones, estas no cambiaron sustancialmente el contenido del proyecto.

La iniciativa fue tratada en sesión extraordinaria este miércoles 13 y fue extensamente debatida por los parlamentarios de la Cámara Alta, quienes coincidieron en la necesidad de contar con una nueva legislación que haga hincapié en la transparencia, en la meritocracia, en la necesidad de los concursos y establecer un límite para las contrataciones de cargos de confianza y las asesorías.

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Una de las modificaciones realizadas fue en el artículo N° 17, relacionado a los casos de nepotismo. La redacción del proyecto permitía la contratación de cónyuges, concubinos o parientes para casos excepcionales y cuando la persona cuente con una “experiencia notoria”. “¿Quién va a determinar cuando es excepcional o no?”, cuestionó la senadora Blanca Ovelar y solicitó que dicho párrafo sea eliminado.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación pidió allanarse a la sugerencia de su colega y dicho artículo fue aprobado con esa modificación. A pedido de Dionisio Amarilla, se reconsideró y modificó el artículo N.° 52, que trata sobre las prohibiciones generales para los funcionarios públicos, y se eliminó solo una frase.

A solicitud de la senadora Yolanda Paredes, se introdujo una modificación de forma en el artículo N.° 62 que guarda relación sobre los hechos que serán considerados como faltas graves. Otros artículos que sufrieron de modificaciones fueron el N.° 98 y el 125 a pedido de los senadores Rafael Filizzola y Dionisio Amarilla.

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El artículo N.° 127 fue revisado y modificado a pedido de la senadora Hermelinda Alvarenga, recomendándole a la Comisión de Estilo una redacción mejorada. El inciso b del artículo 55 quedó testado a propuesta del senador liberal Ever Villalba.