El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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La Cámara de Diputados sancionó este martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los poderes del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

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La propuesta crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores, eso es algo que se entendió con claridad y en base a eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortalecer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El diputado destacó que se realizaron varias conversaciones y audiencias para el análisis de esta iniciativa, encabezada por el presidente de la República Santiago Peña, para llevar adelante esta propuesta.

“Se trazó un camino, una serie de estrategias, entre las cuales se encontraba la presentación y la aprobación de la ley de integridad. Una ley que plantea con claridad fortalecer las capacidades que tiene nuestro Estado para combatir contra la corrupción y contra la impunidad”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, habló de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2025 en esta instancia legislativa. El parlamentario resaltó que se aprobó un presupuesto equilibrado para mejorar el servicio en salud, educación y seguridad para la ciudadanía.

“Se planteó un presupuesto equilibrado que busca seguir con la política de descenso del déficit fiscal y fortaleciendo áreas sensibles, como son la salud en cuanto a la capacidad del Estado de proveer servicio de calidad a todos los paraguayos, mejorar la calidad educativa, las capacidades de brindar seguridad y un ecosistema que todos los paraguayos tengamos un trabajo digno”, señaló antes del inicio de la sesión de este martes.

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Latorre destacó el trabajo realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año la presidencia estuvo a cargo de la Cámara de Diputados. “Nosotros buscamos la generación, en conjunción con los colegas, con un gran trabajo, hubo felicitaciones de diferentes sectores hacia el trabajo de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este año tocó ser presidida por la Cámara de Diputados, en este caso por la diputada Cristina Villalba”, apuntó.

El diputado fue consultado sobre la reposición de los cupos de combustibles para la Cámara Baja, a lo que respondió que es considerado como una de las herramientas para que los legisladores pueden realizar su trabajo.

“En el análisis de las herramientas necesarias por parte del cuerpo colegiado, para realizar su trabajo se optó por restituir los cupos de combustibles y se optó por no restituir el seguro médico. Se prescindió de la restitución del seguro médico, es un gasto que se decidió orientar hacia la infraestructura”, explicó.

Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que crea el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que será tratado en el pleno de Diputados. Indicó que es una ley que nace en base a un pacto de lucha contra la corrupción y la impunidad que se generó entre los tres poderes del Estado y los extrapoderes, con la participación del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

“El espíritu de la ley es mejorar las condiciones y las herramientas con las que cuenta el Estado para luchar contra la corrupción y la impunidad. Es una gran apuesta que se está haciendo en base a esta conjunción de voluntades que buscan fortalecer nuestra capacidad de lucha contra la corrupción y la impunidad”, sentenció.

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