El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.
Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.
“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.
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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.
“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.
Contradicciones de la Fiscalía
El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.
“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.
Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.
Reunión con el fiscal general
Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.
“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.
Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.
“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.
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