Desde la Oficina Técnica Penal indicaron que están expectantes a la llegada de las primeras 100 tobilleras electrónicas, dispositivos que se utilizarán inicialmente para los casos vinculados a violencia familiar. La jueza Silvana Luraghi, coordinadora de la mencionada unidad, manifestó que esto garantiza el monitoreo para los victimarios y también la seguridad de las víctimas.

“Tenemos información desde el Ministerio del Interior que a fines de noviembre y entre los primeros días de diciembre se estaría implementando el uso de estos dispositivos electrónicos que en nuestro caso serían las tobilleras electrónicas. La implementación va a ser de manera gradual y en un principio solo para la circunscripción judicial de capital”, explicó.

La ley establece que esta medida podrá ser aplicada para los casos de medidas cautelares de arresto domiciliario (procesados) y para las personas con condenas de prisión domiciliaria (condena firme). De acuerdo a lo expuesto por la jueza, en contacto con la 780 AM, la legislación no establece un límite respecto a los tipos de hechos punibles para los cuales se utilizarán las tobilleras, no obstante, existe un criterio que tendrán en cuenta.

“Todos los magistrados sabemos que tenemos mucha responsabilidad al momento de utilizar esta herramienta legal, pero creemos que la política criminal que vamos a seguir en este sentido es otorgar en casos en que no pongamos en peligro a la sociedad, como son los casos con mucho éxito de otros países en donde se aplica, que son para los casos de violencia familiar”, sostuvo.

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La jueza Luraghi indicó que se contará con una oficina de monitoreo dependiente del Ministerio del Interior donde se contará con personal especializado para el control tecnológico de los dispositivos. Los protocolos establecen también que las víctimas puedan utilizar las tobilleras, en caso de que presten su consentimiento.

“Las víctimas también van a tener un sistema de comunicación a través de botones de pánico y van a poder tener registro de que el agresor está acercándose a ella, al igual que la oficina de monitoreo que va a tener la ubicación precisa de las víctimas y victimario en caso de restricciones de acercamiento. La ley contempla la revocación inmediata del beneficio penitenciario en caso de incumplimientos y la emisión de la orden de captura para guardar prisión preventiva en los centros penitenciarios”, sentenció.

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