La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe analizarse en torno a las decisiones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministerio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justificado de ninguna manera”, puntualizó sobre el proyecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses después de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Cada funcionario público, en este caso ministro debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una administración posterior, no se le puede atribuir no haber concluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo realizar” sostuvo Tuma, respecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.
Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cuestionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juzgar la ejecución de los gastos de los administradores”, refirió el representante legal, este viernes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que cada acto realizado en torno a la obra durante la administración de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.
Las afirmaciones de Tuma surgen tras las afirmaciones del procurador general de la República, Marco Aurelio González, que aseguró que el proyecto no debió haber sido detenido y que las acciones posteriores provocaron el conflicto con la empresa portuguesa Mota-Engil, responsable de las obras del Metrobús, la cual había demandado al Estado paraguayo y en diciembre de 2023 se sentenció a una condena por USD 16 millones.
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