Un tribunal de sentencia condenó a 4 años de cárcel al supuesto líder narco Miguel Ángel Servín, alías “Celular”, luego de ser responsable de haber falsificado su título de abogado para obtener su matrícula en la Corte Suprema de Justicia. El tribunal de sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Yolanda Portillo dictó la sentencia condenatoria contra el procesado.

Los jueces de sentencia concluyeron que sí se probó el hecho con documentos y por sobre todo los testigos que declararon durante el desarrollo de la audiencia oral.

La acusación fiscal fue presentada por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. De acuerdo a la investigación, en diciembre del año 2017 Miguel Ángel Servín y su presunto testaferro Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos títulos de contenido falso.

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Los títulos fueron expedidos supuestamente por la Universidad de San Lorenzo (UNISAL) y la Universidad Católica (UCA), pero los mismos eran apócrifos, puesto que los acusados ni siquiera fueron alumnos de las instituciones.

La fiscal Nathalia Silva refirió que el día de la fecha se presentó la directora de la UNISAL y también los firmantes del título, quienes desconocieron totalmente que ellos hayan emitido un título a favor del señor Miguel Servín, así como que el mismo ni siquiera se matriculó en dicha institución. Afirmó estar conforme con la decisión, teniendo en cuenta que la pena máxima es de cinco años.

Miguel Ángel Servín, alias Celular, está procesado igualmente por liderar un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero, en el cual sería pieza clave Hugo Meza Huespe, alias MH, quien manejaba los negocios de la banda a través de diversas actividades.

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El exfiscal de la Unidad de Delitos Económicos entre los años 1998-2001, José Casañas Levi falleció a los 56 años de edad en la madrugada de este lunes, a consecuencia de complicaciones de salud que lo aquejaban hace un tiempo.

Asimismo el abogado penalista estuvo al frente de otros importantes cargos como la Dirección Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)y la dirección jurídica del Senado entre el 2016-2017 durante la administración del también extinto legislador liberal Roberto Acevedo.

Además, se desempeñó como asesor de la Comisión Nacional de Estudio de la Reforma del Sistema Penal del Congreso Nacional. Asimismo fue aspirante a la diputación por Central mediante el Partido Democrático Progresista (PDP) y candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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En el año 2023 ocupó el cargo de asesor jurídico del senador Rafael Filizzola. En los últimos meses se desempeñó como panelista en un programa de la radio Ñanduti. El también docente era permanente fuente de consulta en relación a temas jurídicos penales y de derecho en general.

A partir de las 10:30 de esta mañana, en el salón Clavel del Jardín de la Paz de Los Laureles serán velados los restos del abogado José Fernando Casañas Levi. El sepelio se encuentra programado para mañana, martes en en el Cementerio Municipal de Villarrica a las 10:30.

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Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron por la tarde de ayer jueves hasta una vivienda ubicada en el barrio San Luis de la ciudad de San Lorenzo, propiedad de un abogado, y con suma violencia atacaron a tres personas que se encontraban en el lugar y se alzaron con 18.000.000 de guaraníes en efectivo y tres teléfonos celulares.

En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cómo los dos hombres entran a la casa y en cuestión de minutos vuelven a salir para darse a la fuga. Los malvivientes se desplazaban a bordo de una motocicleta color negra, utilizaban cascos y chalecos efectivos.

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“En el lugar estaban tres personas, el abogado, su ayudante y un veterinario, quienes fueron sorprendidos por los malvivientes que, a punta de arma de fuego, redujeron al ayudante, al otro hombre lo golpearon en la cabeza con el arma y el dueño de casa intentó huir saltando desde una terraza a la casa contigua, por lo que resultó con algunas lesiones”, indicó el comisario Israel Troche, de la Comisaría Primera de San Lorenzo.

Debido al rápido actuar de ambos hombres y la vestimenta que utilizaron para el atraco, las víctimas no lograron divisar mayores detalles de su apariencia, por lo que las investigaciones se centran en poder captar más imágenes de circuito cerrado de la zona que ayuden a determinar la ruta de huida de los mismos y así poder dar con ellos.

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La responsabilidad de cualquier daño patrimonial en la causa Metrobús debe ana­lizarse en torno a las deci­siones de la administración que truncó la obra en octubre de 2018, refirió el abogado Tarek Tuma. “El Ministe­rio de Obras Públicas, ya a cargo del siguiente ministro (Arnoldo Wiens), decidió no seguir con la obra, entiendo que esto no estaba justifi­cado de ninguna manera”, puntualizó sobre el pro­yecto adjudicado en 2016 y que debía culminar a fines de 2018, cuatro meses des­pués de asumir el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cada funcionario público, en este caso ministro, debe responder por lo que hizo durante su gestión, el exmi­nistro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona no tiene por qué responder por lo que pasó en una adminis­tración posterior, no se le puede atribuir no haber con­cluido la obra ya que durante su mandato se realizó parte de la obra que se pudo rea­lizar”, sostuvo Tuma res­pecto al extitular del MOPC, que culminó su mandato en agosto de 2018 por el cambio de gobierno.

Señaló que su cliente entregó la obra vial al gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con un avance del 18 % y sin ningún tipo de cues­tionamientos. “Todos sus actos fueron convalidados por el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de juz­gar la ejecución de los gas­tos de los administradores”, refirió el representante legal, ayer viernes, el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Agregó que cada acto rea­lizado en torno a la obra durante la administra­ción de Jiménez Gaona fue convalidado incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Respecto al estado actual de la causa judicial que enfrenta su defendido, Tuma manifestó que se está a la espera de la audiencia preliminar. Alegó que al haber cumplido todas las normativas durante su administración y al haber sido la obra interrumpida por decisiones posteriores, no corresponde imputarle ninguna responsabilidad en el conflicto actual.