El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.

“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.

“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.

Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.

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Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.

“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.

Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.

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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.