En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes 29 de octubre se incluyó nuevamente el proyecto que busca la derogación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso. La iniciativa ya fue incluida en la sesión del 22 de octubre, sin embargo, no pudo ser tratada ya que el pleno quedó sin quórum al momento de su tratamiento.

Se trata del proyecto (Exp. No. D-2480895) que pretende “derogar la resolución n.º 1336, de fecha 12 de junio de 2024, y, en consecuencia, anular las diligencias realizadas por la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.

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El proyecto presentado por los diputados Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) y Johanna Ortega (Partido País Solidario), refiere que “las diligencias realizadas por la comisión atentan contra derechos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inmediata la apertura de una investigación del Ministerio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la Comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha. El documento cuenta con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de cuyos 21 miembros, solo dos diputados opositores firmaron el visto favorable: el abdista Roberto Eudez González y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).

En el orden del día, también fueron incluidos otros 21 puntos, uno de ellos una ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con media sanción del Senado, por el monto de G. 16.731.032.981 en fuente 30.

También está previsto el tratamiento del proyecto “que modifica los artículos 3°, 4°, 12, 14, 16, 21, 22, y 23 de la Ley N° 4.758/12, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y sus respectivas leyes modificatorias”. El planteamiento busca compensar las asimetrías generadas por la implementación de la ley, no sólo en la distribución de los recursos y en la definición de las competencias institucionales (se plantea una nueva distribución).

También se encuentran en el orden del día, el proyecto que busca exonerar del pago por consumo de energía eléctrica a los sitios históricos del Paraguay, a fin aquellos lugares que acrediten su condición de sitio histórico mediante resolución, decreto o ley dictada por la autoridad competente; y el proyecto de ley “que establece la utilización de prendas de ao po’i como uniformes en los organismos y entidades del Estado”.

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