El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó el pago de un décimo tercer haber a los jubilados y pensionados, el cual es equivalente a un aguinaldo. Pese a que la obligación de pagar este beneficio está establecido por ley desde 1995, esta no detalla la fuente de financiamiento para realizar este desembolso, por lo que se analiza establecerlo a través de una ley.

“Estamos evaluando preparar un proyecto de ley para buscar un financiamiento de este beneficio. La ley solo estableció la obligación de pagar el beneficio, pero no tiene una contrapartida de ingreso, por eso es que cada año se evalúa si hay condiciones para pagarlo. Cumpliendo con la carta orgánica, se hace el análisis de la disponibilidad presupuestaria de recursos financieros y del impacto que va a tener en la salud del fondo de jubilaciones y pensiones”, explicó Vanessa Cubas.

La gerente de Prestaciones Económicas de la previsional, detalló a la 650 AM que el desembolso, aprobado por el Consejo de Administración, es posible luego de que se analizara la disponibilidad presupuestaria y financiera, además del estudio al impacto actuarial que tendría este pago sobre el fondo de Jubilaciones y Pensiones.

“Estamos hablando de G. 390.000 millones que serían más o menos equivalente a USD 50 millones que vamos a estar desembolsando conjuntamente con los haberes del mes de noviembre. Eso sumaría más de USD 100 millones que estarían recibiendo nuestros jubilados y pensionados dicho mes”, refirió.

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Pese a esta buena noticia para los jubilados, esta caja aún atraviesa por un déficit corriente, según manifestó Cubas, quien indicó que todo lo que ingresa en concepto de aporte obrero patronal, sigue siendo insuficiente para pagar todas las jubilaciones. Este déficit ya data del 2020 y a la fecha aún no se ha llegado a una solución.

“Ingresan alrededor USD 49 millones, pero gastamos USD 52 millones por mes y esa diferencia es lo que evidencia el déficit corriente. El IPS completa esa diferencia con la renta de las reservas, que es el ahorro del fondo y está colocado en el sistema financiero”, señaló.

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El presidente del Congreso, Basilio Núñez, indicó que tras una reunión con diversas direcciones del Congreso están evaluando la presentación de una iniciativa legislativa que establezca parámetros para el funcionariado del Parlamento. El senador indicó que es necesaria esta reglamentación de modo a que funcione bajo criterios de mayor transparencia.

“Hoy a la mañana tuve una reunión técnica con el secretario general, la directora Administrativa, la jefa de Recursos Humanos y otros más porque para el año que viene vamos a proponer la ley de la Carrera del Personal Legislativo, porque lo que vamos a aprobar probablemente, porque no creo que haya compañeros en contra, es la ley de la carrera civil del funcionario público”, explicó.

Núñez señaló que la propia Constitución habla del equilibrio de poderes y en este sentido, el Poder Judicial también necesita de ley que reglamente la carrera para su personal, de la cual carece actualmente. El legislador mencionó que buscan reducir al máximo las direcciones generales, se contará con cuatro gerencias y con coordinadores.

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“Encontré que en el Senado todo el mundo quiere ser director porque así cobra bonificación y gratificación”, expuso el titular del Congreso e indicó que cuando asumió en julio pasado se encontró con que había 200 directores, mientras que en la Cámara de Diputados solo se cuenta con cuarenta, motivo por el cual se procedió a “ordenar la casa”.

Asimismo, refirió a la 1020 AM que cuando asumió el cargo, fenecieron todos los contratos y en total se firmaron 455 contratos, de los cuales en su mayoría son renovaciones y solo habría alrededor de 90 nuevos funcionarios. El senador fue enfático al manifestar que no se pueden hacer concursos para todos los cargos del Congreso, puesto que cada legislador tiene sus funcionarios de confianza. “No puedo imponer a la bancada opositora los que van a formar parte de su equipo”, sostuvo.

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La senadora Lizarella Valiente impulsa el proyecto de Ley que apunta a la formalización de la industria de la belleza, con el fin de dar legalidad a los profesionales como peluqueros, barberos, y todo lo relacionado con los salones de belleza. Valiente encabezó una audiencia pública con representantes de este sector para discutir esta iniciativa.

“Específicamente lo que plantea este proyecto de ley es que los profesionales de la belleza, primeramente sean formalizados, ellos puedan facturar como profesionales de la belleza, pagando sus tributos como corresponde, así también, esa relación que ellos tengan con los propietarios de salones de belleza sea una relación comercial”, expresó a los medios de comunicación.

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La legisladora explicó que con esta normativa estos profesionales podrán formalizar su trabajo y tener la libertad de ejercerlo en el lugar donde quieran. “Consideramos que los artistas de la belleza son profesionales de la belleza y son verdaderos artistas, es muy amplio el mundo de la belleza. Estos profesionales van a poder formalizar su trabajo, y tener también la libertad de ejercer su oficio en donde mejor le parezca”, apuntó.

Detalló que se trata de una relación comercial, no laboral. “Un propietario de un salón de belleza va a tener un funcionariado que tendrá una relación laboral, pero van a ser personas permanentes que van a cumplir otro tipo de funciones, el cajero, el que le atiende a las personas. Hay que disociar muy bien ese tipo de actividades dentro del salón de belleza, como el profesional de belleza”, indicó.

En este proyecto, se establece dos modalidades, en este caso un salón de belleza podrá tener tantos funcionarios permanentes dependientes, con contratos, y también prestadores de servicios formalizados.

“Un profesional de la belleza, propietario de un salón de belleza, si va a tener que asumir esa carga (seguro social), en cuánto a los costos de manera mensual va a ir perjudicando, en el sentido que se van a ver obligados a contratar un mínimo de funcionarios porque ya tienen gastos fijos de manera mensual”, sentenció.

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En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para que menores desde los 16 años de edad puedan acceder a un permiso de conducir. El diputado Derlis Rodríguez, uno de los proyectistas, argumentó que es un hecho común, principalmente en el interior del país y con esto solo se busca legalizar que los menores estén al mando de un vehículo.

“Lo que estamos solicitando con este proyecto es la modificación de tres artículos de la ley de tránsito, que lo menores de 16 años ya puedan conducir, que ya tengan una licencia previa autorización de los padres vía juzgado”, indicó en entrevista a la 1020 AM. La Ley (nº 5016) Nacional de Tránsito y Seguridad Vial establece en el inciso G del artículo 22 que se requiere de 18 años de edad para acceder la licencia de conducir de categorías “particular” y “motociclista”.

El legislador indicó que esta es una realidad, principalmente en el interior del país, uno de los principales factores es la falta de transporte público, lo que obliga a las personas en contar con su propio medio de transporte, en su mayoría motocicletas, que también utilizan los menores para llegar a las escuelas.

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“Lo que estamos es legislando sobre una realidad social que estamos viviendo diariamente, principalmente en el interior. Yo provengo de la ciudad de Coronel Oviedo, puedo hablar de lo que es mi departamento y algunas ciudades del interior del país también. No tenemos el servicio del transporte urbano en esas ciudades principalmente, entonces la movilidad de la gente es muy difícil a no ser que tengan su vehículo”, comentó Rodríguez.

“Hoy está cometiendo un delito luego ellos, porque es una realidad, si legislamos o no esta ley, van a seguir manejando ellos por necesidad, no es porque tengamos la ley van a salir a manejar ahí recién, lo que nosotros buscamos es formalizar algo que ya está llevando adelante todos los días”, puntualizó el legislador.

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