El senador Sergio Roberto Rojas Sosa, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, requirió una profunda investigación al esquema que involucra a 46 militares y 55 policías en el tráfico de armas para grupos criminales brasileños. El legislador abogó por la inmediata sanción del proyecto de ley que regula la utilización de armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 25 de setiembre pasado.
“Es una práctica muy común que los policiales y militares adquieran armas y después denuncian como robadas. Esto es una práctica muy común que si se investiga a profundidad pueden aparecer más nombres de otras autoridades”, comentó el congresista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a los medios de comunicación. Rojas sostuvo que la Policía Federal del Brasil manejaría informaciones sobre esta red de armatráfico destapada tras el procedimiento en un comercio en Asunción, ayer lunes.
“Espero que el Gobierno sea implacable, se debe investigar profundamente. Podemos tener más sorpresas, hay un informe de la Federal que ha llegado, tenemos que ver qué dice. Yo creo que hay más gente involucrada porque aparentemente el volumen (las armas comercializadas para criminales brasileños) es mucho mayor”, refirió el titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado.
Sosa es uno de los 22 senadores que patrocina el proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, presentado en julio pasado. Entre los principales requisitos para la portación de armas, el documento establece que se exigirá un certificado médico de aptitud sicofísica, debidamente legalizado por el Ministerio de Salud, y la ausencia de antecedentes policiales vinculados a violencia, crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas y abigeato.
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