El presidente de la República, Santiago Peña, exigió actuar con dureza contra el tráfico de armas al ministro de Defensa, Óscar González, y al titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el general Melanio Salomón Servín Aquino, en una reunión de este martes, en que fue informado sobre los avances de la intervención a una casa comercial de Asunción, que destapó el esquema ilícito en que estarían vinculados cerca de un centenar de policías y militares.
“Comunicamos al Presidente el avance de las investigaciones, nos pidió ser implacables con el crimen organizado, esa es la directiva que nos dio siempre y nos repitió el día de hoy”, comentó González, tras el encuentro con Peña, a través de la conferencia de prensa en Mburuvicha Róga. Durante el operativo de ayer lunes en la tienda denominada Gunner, que se encuentra en Bélgica y Teniente Vera del barrio San Cristóbal, se incautaron 54 armas y 12.000 municiones.
“Uno de los modus operandi utilizado por los comerciantes de mala fe para el tráfico de armas en el Paraguay era la utilización de las personas de escasos recursos, usaban su identidad a cambio de una suma de dinero, pero este fenómeno migró lastimosamente dentro del personal uniformado ya sea militares y policías”, dijo Servín Aquino, refiriendo que desde la segunda quincena de julio pasado se detectó la entrega de 100 armas adquiridas por los uniformados, quienes luego alegaban que habían sido extraviadas, pero iban a parar en las manos de criminales brasileños.
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“Los reclutadores le convencían a estas víctimas (militares y policías) a prestarse para retirar las armas ya que siendo personal uniformado no llamarían la atención. Ellos empezaron a comprar las armas sin llamar mucho la atención, hasta que la información saltó. Estas personas involucradas ya fueron convocadas en la Dimabel, dieron su testimonio y reconocieron el hecho. No manejamos para qué facción criminal serían las armas, pero el destino era Brasil. Están involucrados 46 militares y 55 policías quienes recibían entre G. 500.000, 700.000 a 800.000”, describió el titular de Dimabel en la conferencia de prensa.
El general de División comentó: “Hay que admitir que ellos lo hicieron por sumas de dinero. Los policías y militares retiraban las armas y de esta forma eludían el control o legalizaban su procedimiento dentro de la casa comercial. La ley dispone que cuando se pierde un arma, el propietario dentro de un plazo de 24 horas debe denunciar ante la policía y en un plazo de 72 horas a la Dimabel, ya con su denuncia a mano, pero estos uniformados no cumplieron con esto para no llamar la atención, dejando pasar 15 o 20 días, incluso un mes para efectuar la denuncia”.
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