Gracias a las gestiones de la Procuraduría General de la República, se logró reducir considerablemente la multa prevista para pagar al conglomerado industrial Mota Engil por la anulación del contrato del Metrobús, que sumado con sus respectivos intereses daba una suma de USD 19 millones, quedando solamente la suma de USD 2,6 millones. De esa manera, el Estado paraguayo obtuvo un ahorro de más de USD 16 millones.
El procurador Marco Aurelio González informó al presidente Santiago Peña el resultado obtenido del juicio de nulidad parcial del laudo arbitral, en el expediente promovido por el Estado paraguayo contra dicho laudo por sentenciar a pagar indemnización a la firma industrial por la anulación del mencionado contrato.
El procurador González y la vocera del Gobierno, Paulo Carro informaron al respecto, y remarcaron que esta multa, aun habiéndose reducido el monto, es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior de rescindir los contratos de manera injustificada.
En ese sentido, el procurador González informó que en la fecha tomaron conocimiento de la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, que ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Paraguay.
“A partir de esta resolución se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones, que tiene que pagar Mota Engil al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y de la misma manera quedan los USD 2.600.000 aproximadamente, que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de montos retenidos”, indicó González.
Decisión políticamente incorrecto
El procurador remarcó que ya en su momento había sostenido que iban a dar batalla jurídica a una decisión que consideraban políticamente incorrecto, y económicamente injustificado. Más ahora, con el laudo y este fallo del tribunal de apelación, dan la razones que jurídicamente estuvo desacertada la decisión de rescindir el contrato que tomó el gobierno de Mario Abdo Benítez a los pocos meses de haber asumido la presidencia de la República.
“Las razones por la cuales el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo arbitral, es que el laudo se resolvió en violación a expresas disposiciones del derecho paraguayo, como la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse”, acotó.
No obstante, indicó que todavía podrían recurrir a un recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son los dos últimos recursos que caben contra esta última resolución del Tribunal de Apelación. En cuanto al pago de los USD 2,6 millones a Mota Engil, indicó que se estaría concretando, una vez que quede firme y ejecutoriada la sentencia.
Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro señaló que si bien el fallo aún no está firme, se están arbitrando todos los medios necesarios para proteger el patrimonio de los paraguayos. “Como Estado no seamos condenados a pagar una millonaria suma durante este Gobierno, que tiene como origen una decisión política que fue tomada durante el gobierno anterior, que fue en su momento rescindir el contrato de las obras de gobierno del Metrobús”, concluyó.