La concejal departamental Yussiel Palacios manifestó ante La Nación/Nación Media que ella y otras dos colegas sufrieron de una amonestación arbitraria por una supuesta agresión verbal hacia otra integrante de la Junta Departamental. La edil lamentó esta situación debido que atenta contra el reglamento interno.

“La amonestación fue impulsada por la concejal Mabel Servín y secundada por la concejal Leticia Cantero, por supuesta violencia verbal, sin pruebas y sin escuchar a la otra parte, se llevó a votación en nuestra ausencia y sin el debido proceso que se requiere. Con esto hago un llamado a la ciudadanía y a las instancias pertinentes para que se investigue esta situación. No podemos permitir que el abuso de poder y la falta de respeto a la Constitución se normalicen”, sentenció.

Tanto Servín como Cantero, además del presidente de la Junta, Jesús Giménez, son del Partido Colorado, pero este último no forma parte del movimiento Honor Colorado, mientras que las dos primeras decidieron aliarse a la multibancada para tener otros beneficios, de acuerdo a lo que mencionó Palacios, quien añadió que esta resolución por escrito, tiene un tinte claramente político, que deja una constancia en su legajo.

“Si se hicieron las cosas mal ahora, quién dice que mañana de la misma forma no decidan apartarme del cargo solo porque mal utilizan su mayoría”, expresó con preocupación la concejal, quien indicó que incluso en privado aclaró las cosas con su colega, Mabel Servín, pero esto no fue reconocido en público por la misma. “Ya estaba todo pactado con la multibancada”, sentenció.

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El inconveniente entre las concejales surgió cuando la concejal Yussiel Palacios presentó una minuta en la que solicitaba la defensa de las últimas 10 hectáreas de biodiversidad de Villeta, lo cual atenta a los intereses políticos y económicos del intendente de la comuna y otros liberales, según comentó la edil departamental.

Esto generó que este sector de la disidencia colorada, junto con los concejales afines al gobernador Ricardo Estigarribia, comenzaran a poner trabas a la iniciativa, generándose un intercambio de posturas entre los miembros de la Junta. Asimismo, Palacios agregó que no existen pruebas de la supuesta agresión hacia su colega.

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“La escasez de transparencia y la arbitrariedad en estas decisiones son inaceptables, la falta de pruebas y la negación de nuestro derecho a la defensa revelan un patrón de abuso que no se puede ignorar y gestiona serias dudas sobre la legitimidad de una Junta, con una mayoría dentro de su cuerpo colegiado que actúa como mero apéndice del Ejecutivo departamental en función de intereses políticos y no en defensa del bien común”, enfatizó.