Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de esta semana, se incluyó en el orden del día la iniciativa que busca aumentar las exigencias para integrar el Consejo de la Magistratura. El documento ya fue aprobado por Diputados y tuvo modificaciones en el Senado, por lo que se trata de la tercera vuelta en el tratamiento legislativo.
Se trata del proyecto de ley “que modifica y amplía los artículos 2° y 7° de la Ley N° 296/94 - Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (De los requisitos, de las designaciones y de los plazos”.
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En la versión inicial, de la Cámara Baja, se modificaba solo el artículo 7 para ampliar los requisitos para la designación de los representantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional ante el organismo extrapoder. Esto con el objetivo de aumentar la rigurosidad en la selección de los candidatos para los miembros del Consejo.
Ya en el tratamiento de esta iniciativa, en la Cámara de Senadores se introdujeron modificaciones en el artículo 2, en la cual se establece que para ser miembro del CM se deben reunir los requisitos que se exigen en el artículo 263 de la Constitución Nacional, que establece como requisitos ser de nacionalidad paraguaya; haber cumplido treinta y cinco años; y poseer título universitario de abogado.
La modificación incluida por el Senado refiere que, “para la designación de los representantes de ambas cámaras del Congreso, se deberá exigir al designable su título de abogado y la acreditación de haber ejercido la profesión; o desempeñado funciones en la magistratura; o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente, por el término de 10 años, cuanto menos”.
Huella dactilar en elecciones
Otro de los documentos que será estudiado por el pleno de la Cámara Baja es el proyecto de ley “que regula la aplicación de la huella dactilar en los comicios”, como una manera de lograr mayor transparencia en los procesos electorales.
Esta iniciativa incluye la huella dactilar de los ciudadanos votantes en los comicios como una herramienta adicional a la cédula de identidad al momento de votar. Con esto se busca evitar eventuales delitos electorales, como el voto doble o el voto con otras cédulas de identidad, entre otros.
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