El contralor gene­ral de la República, Camilo Benítez, se refirió a la aprobación con modificaciones en el Senado del proyecto de ley “Que establece el Régi­men Nacional de Integri­dad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción de la República del Para­guay”. Aclaró que el plan no dictará funciones sobre la Contraloría.

“La idea que tenemos es la instalación de un consejo que unifique criterios, pero de ninguna manera dicho consejo le dirá al contra­lor qué controlar. Esto no tiene relación, solo se vin­cula a los estándares y cri­terios de integridad y trans­parencia”, explicó Benítez ante los medios en el Con­greso.

Del mismo modo, se esta­blecerán reglas más claras. Por ejemplo, que el acceso a la función pública sea igual en todas las instituciones del Estado, creando ade­más un plan estratégico, en torno a la transparen­cia; para ello, se recurrirá también a controles ciuda­danos.

Benítez recordó que la ini­ciativa ya había sido pos­tergada y data de 12 a 13 años, desde que se creó la Secretaría Anticorrupción. El contralor detalló cómo la ley se intentó promover, pero nunca había podido consensuarse, para tratar de complementar los tra­bajos existentes.

“Especialmente en un enfo­que de prevención y unifica­ción de criterios en cuanto a integridad y transparen­cia. Un parlamentario había expresado que hay muchas entidades que controlan la corrupción y no se debe­ría crear otra más, pero esa figura justamente ordena todo eso, no crea otra ins­titución para controlar”, indicó.

La Contraloría aspira a tener estándares naciona­les en materia de integri­dad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.

El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.

No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.

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La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.

“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.

Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.

“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.

Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.

“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.

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La Cámara de Senadores otorgó la media sanción al proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. De este modo, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para su estudio correspondiente.

El documento fue aprobado primeramente en general, para posteriormente ser tratado en particular con las modificaciones planteadas. Se llegó a un acuerdo, tras establecer un texto consensuado entre las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Hacienda.

“Este proyecto tiene por objeto establecer las bases del régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, aplicable a las funciones y actos de las autoridades, así como de los funcionarios del país; esto con el fin de fomentar la correcta gestión de los asuntos públicos”, había expresado el senador Javier Zacarías sobre el plan.

El órgano encargado de las labores será la Contraloría General de la República (CGR); se conformará el Consejo Nacional Anticorrupción. En cuanto a que los dictámenes no sean vinculantes, se ratificó esa postura, siendo una de las modificaciones al tener en cuenta las preocupaciones de algunos legisladores.

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Al inicio del estudio del proyecto, el senador Natalicio Chase había solicitado a sus colegas que el pleno se constituya en comisión para el tratamiento del punto, esto al carecer de dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De este modo también se buscó aplicar consensos.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, se había referido sobre el mencionado proyecto, señalando que la propuesta busca que la lucha contra la corrupción no se limite a la represión, abarcando también la prevención.

La Contraloría aspira a tener estándares nacionales en materia de integridad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.

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El anteproyecto del proyecto de ley de reforma del transporte público fue presentado ante el Congreso. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó el objetivo de esta iniciativa que presenta una serie de cambios en el sistema operativo y de negocios con el fin de hacer de esto un negocio rentable con un servicio de calidad para los ciudadanos.

“Con esto estamos recuperando la soberanía del sistema porque el sistema estaba capturado por el sector privado y no se cumplía lo que debe suceder en una concesión, que el regulador establece las normas con mucha fuerza y las hace cumplir con base a esos criterios de calidad debe funcionar”, expuso.

En comunicación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el viceministro aclaró que en el modelo planteado apunta a una alianza público-privada, porque el Estado tiene la propiedad de las rutas y sobre la vía pública, pero hará concesiones al sector privado para que opere con sus buses.

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“Todo lo que hagamos debe tener un impacto positivo en el ciudadano, en el tiempo de espera, de viaje, en su seguridad y calidad. Para lograr eso, entendemos que el modelo de negocio debe ser cambiado, el cual tiene varios componente que van a ser modificados para que funcione óptimamente”, recalcó.

Forman parte del modelo de negocio los itinerarios, la manera en que se elige a las empresas que van operar, lo cual será a través de una competencia mediante una licitación, la forma en que se remunera a los prestadores de servicio, conectar las finanzas con el sistema, puesto que actualmente el sistema trabaja en contra de la economía de escala.

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