La jueza especializada contra el crimen organizado, Lici Sánchez, manifestó que el narcotraficante Jaime Franco Men­doza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, solo podrá ser extraditado al Brasil una vez que finalice su condena de 18 años en el Paraguay.

Con relación a la posibilidad de extradición, considero que va a ser de imposible cumplimiento porque nuestras normativas no nos autorizan a suspender la ejecución de una sentencia dictada en Paraguay”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que la solicitud de extradición por parte del vecino país data desde el 2021. “Franco está cumpliendo su condena y no hay manera alguna de que se modifique esto. Esta persona tiene otros procesos judiciales, uno por estafa en el departamento de Alto Paraná y ahora tiene una nueva imputación por lavado de dinero. Se van ampliando las investigaciones fiscales contra esta persona en el Paraguay, entonces todos los procesos deben estar finiquitados para que pueda ser efectivizado la extradición”, sostuvo.

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Actualmente, Franco Mendoza se encuentra recluido en la sede de la Agrupación Especiali­zada de la Policía Nacional. La condena de 18 años en su contra por el trá­fico de 359 kilogramos de cocaína proveniente de Boli­via, cargamento que había sido requisado en agosto de 2012 en Minga Guazú, Alto Paraná, fue impuesta en el año 2017.

En un juicio anterior, en 2015, Franco Mendoza fue condenado a 11 años de prisión cuando el Tribunal de Sentencia excluyó de su responsabili­dad el tráfico de drogas; Pecci apeló y logró elevar la pena. Este hecho sería una de las principales motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra el agente fiscal antimafia.

La justicia brasileña requiere a Franco Mendoza para que cumpla condena por tráfico de drogas, posesión de sustancias y asociación criminal. El narco se expondría en el vecino país a una pena que podría ir a 55 o 60 años. En el país vecino no se unifican las condenas, sino que se suma la cantidad de años que corresponde por cada una.

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