El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.
No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.
La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.
“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.
Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.
“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.
Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.
“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.