El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se implementarán cambios “radicales” en la institución el próximo año. El legislador mencionó que estos cambios tienen que ver con la disminución de las direcciones generales y la reestructuración de recursos humanos.

“Va haber cambios radicales para el año que viene en el Senado de la Nación, estamos trabajando para reestructurar los recursos humanos para que desaparezcan las casi 250 direcciones y nos quedemos con 30 direcciones generales, apartar los que tienen oficio, los que tienen profesiones”, dijo en conversación en la 1020 AM.

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Sostuvo que están trabajando con otros legisladores de diferentes bancadas para presentar un proyecto en el cual se pueda establecer una carrera legislativa, esto teniendo en cuenta la superpoblación en la institución legislativa.

“Estamos trabajando con varios senadores de diferentes bancadas y queremos eso ofrecer después en el marco de una ley de carrera legislativa o un reglamento de una carrera legislativa, nosotros no nos vamos a quedar atrás”, adelantó el senador.

Por otra parte, ya en conversación con diferentes medios de comunicación, informó que propondrá a sus colegas eliminar cupos de combustible y seguro médico VIP del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Adelantó además que la bancada de Honor Colorado estudiará eliminación de estos beneficios.

“El sentir de la mayoría de los colegas de diferentes bancadas es dejar sin efecto lo que había aprobado la bicameral con respecto al seguro para los parlamentarios y el aumento que se tenía previsto, y también los combustibles”, sentenció.

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El presidente Santiago Peña se mostró ayer a favor de apro­bar el proyecto de ley que establece el control, la trans­parencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fun­damentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, manifestó el jefe de Estado al ser consul­tado sobre el citado proyecto de ley.

Dijo además no estar a favor de la persecución, de la dis­criminación, ni de cerce­nar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, “pero entiendo que el con­trol y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería apli­car”, señaló.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, remitió final­mente ayer el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su aceptación o rechazo.

Núñez dijo que particular­mente está a favor de la pro­puesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor con­trol. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo para­guayo tiene que saber en dónde están siendo destina­dos los recursos públicos”, señaló el senador.

Indicó que si el presidente Santiago Peña decide vetar el proyecto, la bancada oficia­lista en el Congreso respetará la decisión del jefe de Estado.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, afirmó que el presidente de la República puso como una prioridad la seguridad desde que asumió el Gobierno nacional. Indicó además que el mandatario está poniendo especial atención en el equipamiento y preparación de las filas policiales.

“Cuando él es designado presidente de la República puso la seguridad como prioridad, es inédito que un presidente mire a sus policías, pasaron décadas y décadas que no lo hicieron y en ese tiempo la delincuencia avanzó”, fueron las expresiones del comandante en entrevista para la 1020 AM.

Indicó que la línea del Gobierno y la prioridad es aumentar la cantidad de policías en las calles en este periodo, que actualmente es de 29.000, de los cuales un porcentanje son funcionarios administrativos, que son civiles, por lo que ese número se reduce a 23.000 policías, que a su vez se reducen a aproximadamente 11.000 operativos que se encuentran en las calles día a día a nivel territorial.

“Los requerimientos en cuánto a seguridad, que parte de las mismas Naciones Unidas, por dar un ejemplo, requieren para dar una seguridad aceptable o buena para un país es que debemos contar con 3,3 policías por cada mil habitantes, y nosotros, apenas llegamos al 1,5″, indicó el comandante.