Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), resaltaron varios puntos positivos en el anteproyecto de ley de reforma del transporte público impulsada por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, mediante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Entre los puntos positivos que destaco del anteproyecto de ley es que se propone realmente una reforma total desde el aspecto económico del sistema, que es la causa principal del deterioro que tenemos actualmente. Plantean abandonar la licitación por itinerario”, afirmó el secretario general de la organización, Mauricio Maluff.
Sobre este punto, comentó que el gobierno propone un sistema de unidad funcional. “Una misma empresa estaría licitando todo un sector de entrada a la ciudad, con sistema troncales, ramal y trasbordo, no dijeron que será gratuito, pero sí más barato”, puntualizó.
Refirió que otro de los aspectos destacados se centra en la adquisición de una flota de 1000 buses nuevos. “Dijeron que estos buses se mantendrán como propiedad del Estado y las empresas pasarán a ser una operadora, esto también me parece positivo, tiene sus ventajas”, mencionó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
A la vez considero como un aspecto relevante el cambio en el sistema de pago, resaltando de esta manera la creación de un fideicomiso para el sostenimiento del transporte público. En lugar del esquema actual, donde las empresas dependen del dinero recaudado por el pasaje, el anteproyecto prevé que el pago sea por kilómetro recorrido y cantidad de pasajeros.
“Si el plan termina teniendo todos estos aspectos sería un gran avance sobre el sistema que tenemos. El pasaje iría directamente al Estado y luego este pagaría a las operadoras, lo que permitiría un mayor control del sistema”, comentó.
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No obstante, advirtió que la falta de un control en la calidad del servicio y la superposición de competencias y regulaciones continúan siendo puntos conflictivos a resolver. La iniciativa del Ejecutivo establece la creación de una nueva agencia reguladora, pero aún no fue definido sus funciones ni el modo en que operaría.
El documento fue presentado el pasado lunes ante el Congreso Nacional, antes de su entrega formal para su tratamiento en ambas cámaras. Desde el gobierno indicaron que la iniciativa apunta a tener un transporte público moderno y seguro para todos los ciudadanos del área metropolitana, y que los cambios a introducir serán hechos de manera gradual.
Sostienen a la vez que las acciones buscan brindar bienestar al ciudadano que utiliza el transporte público, reduciendo los tiempos de espera y viaje, brindando certeza, seguridad, calidad y menor gasto para el usuario, así como asegurar la movilidad todo el tiempo.
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