El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó que el proyecto de ley del “régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”, a ser tratado en la sesión ordinaria del Senado, debe pasarse cuanto antes para su la aprobación.

“En líneas generales, creo que el espíritu de la normativa está consensuado en que se debe aprobar”, expresó para “Arriba Hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Puntualizó que se efectuó el lapso necesario para aclarar algunos cuestionamientos a la norma, realizados por algunos parlamentarios.

Así, se deja en claro que no habrá violaciones a la Constitución nacional ni tampoco sobrecargas en la competencia de la Contraloría. Por otra parte, se encuentra lo referente a las denuncias anónimas, aclarando que la figura solo está para proteger a aquellos subordinados que deseen denunciar a sus superiores.

“Hay puntos que creo que se van a debatir y es la estipulación de la ley sobre la reglamentación de la política de integridad, la cual tendrá carácter vinculante. Esto generó una suerte de duda, pero si se quita esa palabra, no se cambia el fondo de la cuestión”, puntualizó el contralor.

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Benítez garantizó que desde la institución se acatará al 100 % lo que diga el Congreso. Con respecto al apuro para materializar la ley, se debe centralmente a la necesidad de brindar labores más determinantes y específicas a los funcionarios de la Secretaría Anticorrupción, la cual se encuentra acéfala.

“Esta ley fue confeccionada en un principio por la Secretaría Anticorrupción. Esto teniendo en cuenta que el enfoque de la corrupción no debe ser solo represivo, sino también preventivo, aparte de promocionar la cultura de transparencia y de rendición de cuentas”, explicó.

La iniciativa a ser estudiada desde la Cámara Alta reúne a los tres poderes del Estado, al igual que la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, para una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

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