Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) emitieron un comunicado en el que informa que no existe proyecto de ley que proponga excluir a pacientes con “enfermedades catastróficas” y derivarlos al Ministerio de Salud Pública. En un mensaje dirigido a sus asegurados, la previsional salió al paso de los comentarios malintencionados que sugerían que los pacientes con estas enfermedades serían derivados a cargo del ente ministerial.

Asimismo, informan que en su momento, se había planteado la posibilidad de utilizar los recursos del Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud) para la adquisición de medicamentos destinados a este tipo de enfermedades. “Esta colaboración con el Ministerio de Salud Pública permitiría realizar compras en mayor volumen, obteniendo mejores precios y en plazos más cortos, en beneficio de los propios asegurados”, expresa el documento.

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Al respecto, Gustavo González, miembro del Consejo del IPS, explicó en comunicación con el programa “Tarde de Perros”, emitido por Universo 970Am/Nación Media, que semanas atrás habían concurrido a la Cámara de Diputados, invitados por los legisladores para conversar sobre la situación de la administración financiera del IPS.

Afirmó que entre los temas analizados, surgió la necesidad de contar con mayores recursos para cubrir las necesidades de medicamentos para aquellas enfermedades que son consideradas “catastróficas”. En la ocasión, se explicó cuánto del presupuesto está destinado para pacientes oncológicos, y que siempre se quedaban “cortos” en la parte presupuestaria, que no alcanza para cubrir toda la necesidad.

“Ahí se mencionó la ley del Fonaress que está vigente más o menos desde el 2011, donde menciona que aquellas enfermedades catastróficas que son las que sufren las familias y que incluso les pueden dejar en banca rota, de que se debe fondear y conseguir fondos de diferentes lugares. Llámese bebidas alcohólicas, aportes de entidades binacionales, etc. Como para tener fondos suficientes para la adquisición de medicamentos oncológicos en forma conjunta con Salud Pública e IPS”, indicó.

El consejero de IPS señaló que en esa ocasión se manifestó el deseo ya que resultaba una buena idea de que el Fonaress pueda funcionar para atender a los pacientes del IPS. “En pocas palabras, lo que necesitamos son fondos para seguir atendiendo a nuestros pacientes; simplemente eso fue lo que se planteó. Jamás, en ningún momento se planteó la exclusión de los pacientes oncológicos del IPS”, acotó.

Insistió en señalar que esto fue apenas un planteamiento, una idea que surgió en el debate con diputados, remarcando que no existe ningún proyecto “ya que la idea apenas está en pañales”; porque se debe analizar de dónde saldrá el dinero, cómo se va utilizar, de qué manera se va trabajar. “En términos futbolísticos, fue apenas una lluvia de ideas de cómo adquirir jugadores, pero que no significa absolutamente nada”, agregó.

En otro momento, remarcó que la idea era tomar la ley de Fonaress, y comenzar a analizar cómo se puede adecuar a la situación. González enfatizó que nada se hará a espaldas del público, o de los asegurados que son los dueños del IPS, según dijo.

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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “por el cual se sustituyen, modifican e incorporan varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)” y tras esto, quedó sancionado por el Congreso. Desde la previsional manifestaron su satisfacción por esta decisión legislativa que dará un oxígeno al fondo salud y de jubilaciones.

“Estamos muy contentos y estamos satisfechos, es una medida más de las muchas que son necesarias para recuperar paulatinamente el equilibrio financiero del fondo de jubilaciones y para darle mayores recursos al fondo salud”, expresó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS en contacto con la 650 AM.

En este sentido, indicó que la iniciativa sufrió de dos pequeñas modificaciones en la Cámara de Diputados y esto fue acompañada en el Senado, respetando el mensaje que envió el presidente de la República. El IPS analizó estos cambios mediante simulaciones, interpretaciones y cálculos, y mediante esto, llegaron a la conclusión de que estos ajustes facilitan a la interpretación.

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“En el caso de la escribanía mayor de Gobierno, lo que hace es prever la posibilidad de pagar ciertos gastos administrativos como el costo para las operaciones de transferencias y modificación de condiciones de dominio”, explicó Cubas. Lo aprobado por el Congreso consiste en extender el periodo para el cálculo jubilatorio, actualmente, se toman los tres últimos años y con esta legislación, se tomarán los 10 últimos años de aporte.

El avance de la medicina permite al ser humano vivir por más tiempo y con mejor calidad de vida a través de la tecnología, la propia ciencia, los medicamentos, estudios de diagnóstico, los tratamientos que son muy costosos y los equipos de electromedicina en los que invirtió en este tiempo por parte del IPS, sin embargo, hoy la previsional llegó a una situación que ya es de público conocimiento, expuso.

“Viene a dar un oxígeno al fondo de salud, a ayudar a colaborar a recuperar paulatinamente el equilibrio financiero, pero es una de varias medidas que debemos trabajar, socializar y entender como sociedad que son necesarias si queremos un IPS fuerte y sostenible por mucho tiempo”, sostuvo.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en sesión extraordinaria, el proyecto de ley “por el cual se sustituyen, modifican e incorporan varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”. De esta forma, la iniciativa es remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Este proyecto impulsado por el propio IPS, contempla elevar el cálculo para acceder a la jubilación, extendiendo de 3 a 10 años, buscando erradicar el sistema de corrupción actual existente mediante el cual el 80 % de los trabajadores, aportan sobre el salario, pero en los últimos años, declaran un incremento exponencial de su salario, de modo a percibir haberes más altos al momento de la jubilación.

“Lo que se consigue con este proyecto es fortalecer y garantizar derechos y beneficios adecuados para los asegurados, al tiempo que se asegura la sostenibilidad financiera del IPS en el largo plazo, cuyo impacto es significativo sobre la estabilidad de la economía nacional. El cálculo actuarial del IPS está empezando a dar resultados no muy positivos y necesita fortalecerse administrativamente”, explicó el senador Antonio Barrios.

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Igualmente detalló que otra de las disposiciones de esta iniciativa, contempla que de forma gradual la previsional vaya disminuyendo la transferencia monetaria al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) a través del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se quedan con el 1 % de los ingresos del IPS.

En esta misma línea, también se propone que los aportes del 1,5 % a favor del Ministerio de Salud, queden de forma progresiva para administración del IPS. Las transferencias a estas instituciones representan el 2,5 % de los ingresos de la previsional y al año este porcentaje se traduce en USD 90 a 100 millones que se dejan de percibir.

El objetivo es redireccionar este porcentaje para fortalecer el fondo de enfermedades y maternidad del IPS. “Para fortalecer la cobertura en estas áreas, el objetivo principal es mitigar riesgos financieros en los fondos de jubilaciones y salud del IPS asegurando un equilibrio entre el bienestar de los asegurados y la sostenibilidad del sistema”, expuso el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda. Tras un extenso debate entre los legisladores, hubo mayoría para aprobar esta iniciativa por lo que quedó sancionada.

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La Cámara de Diputados estudió este martes varias iniciativas legislativas que captan el interés de la opinión pública como es lo relacionado al cálculo para la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS), el proyecto de reforma del Tren de Cercanías, la ley de la función pública y del servicio civil y la protección de datos.

De esta forma, la Cámara Baja otorgó media sanción para el proyecto de ley que eleva el cálculo para la jubilación en IPS, pasando de tres a diez años el periodo a ser considerado para el acceso a este beneficio. Cabe recordar que este fue un proyecto remitido desde la propia previsional, institución que explicó en múltiples oportunidades que el modelo actual se prestaba a la corrupción mientras que la propuesta actual traería beneficios para los trabajadores.

“El ajuste busca reflejar de manera más precisa la historia salarial de los asegurados, evitando distorsiones por aumentos abruptos en los últimos años”, reza el proyecto. Así también establece que, “para la jubilación ordinaria, los asegurados deberán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados”.

En tanto para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado.

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El proyecto de la “reforma del Tren de Cercanías” por su parte, obtuvo la sanción tras su aprobación por parte de Diputados, puesto que la iniciativa ya había recibido el visto bueno por la Cámara de Senadores. Mediante esta ley se busca concretar la implementación de un tren eléctrico que cubriría un tramo de 43 kilómetros, uniendo las ciudades de Asunción e Ypacaraí.

Para esta obra se requerirá una inversión aproximada de USD 600 millones y de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, plantea que las licitaciones sean realizadas por licitación pública internacional, facilitando, a su vez, la participación de empresas paraguayas.

Este proyecto fue aprobado en general y el estudio en particular quedó postergada hasta una próxima sesión plenaria, posterior al receso parlamentario. A través de esta normativa se enfatiza en la protección de datos personales como un derecho inherente a cada persona, en relación al tratamiento de sus datos mediante “entes públicos o privados, con fines lucrativos o no, así como por cualquier medio de transmisión o divulgación, incluyendo tecnologías existentes y nuevas tecnologías a ser desarrolladas”.

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Otra de las legislaciones aprobadas con modificaciones es el proyecto de ley “de la función pública y del servicio civil”. Se introdujeron ajustes en los artículos 32, 35, 45, 102 y 146, considerando un dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad.

El objetivo de esta iniciativa es establecer las disposiciones generales aplicables a todas las carreras de la función pública y regular la carrera del servicio civil y sus respectivos procedimientos. Además, sienta una base legal homogénea para la gestión de los servidores públicos, definiendo con claridad sus derechos, obligaciones, prohibiciones y mecanismos de evaluación.

Se contempla al concurso público como única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera en la Constitución o las leyes especiales. Asimismo, el ingreso de los servidores públicos que transgredan esta ley, será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento o la contratación.