El anteproyecto del proyecto de ley de reforma del transporte público fue presentado ante el Congreso. El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó el objetivo de esta iniciativa que presenta una serie de cambios en el sistema operativo y de negocios con el fin de hacer de esto un negocio rentable con un servicio de calidad para los ciudadanos.

“Con esto estamos recuperando la soberanía del sistema porque el sistema estaba capturado por el sector privado y no se cumplía lo que debe suceder en una concesión, que el regulador establece las normas con mucha fuerza y las hace cumplir con base a esos criterios de calidad debe funcionar”, expuso.

En comunicación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el viceministro aclaró que en el modelo planteado apunta a una alianza público-privada, porque el Estado tiene la propiedad de las rutas y sobre la vía pública, pero hará concesiones al sector privado para que opere con sus buses.

Lea también: Diputados rechazó proyecto que pretendía salvar el “Bosque San Vicente”

“Todo lo que hagamos debe tener un impacto positivo en el ciudadano, en el tiempo de espera, de viaje, en su seguridad y calidad. Para lograr eso, entendemos que el modelo de negocio debe ser cambiado, el cual tiene varios componente que van a ser modificados para que funcione óptimamente”, recalcó.

Forman parte del modelo de negocio los itinerarios, la manera en que se elige a las empresas que van operar, lo cual será a través de una competencia mediante una licitación, la forma en que se remunera a los prestadores de servicio, conectar las finanzas con el sistema, puesto que actualmente el sistema trabaja en contra de la economía de escala.

Le puede interesar: “Acompañamos a Israel en esta cruzada y abogamos por la paz”, dice diputado en Ginebra

El presidente de la República, Santiago Peña, vetó parcialmente el proyecto que plantea modificaciones a la Ley 5444/2015, en sus artículos 7 y 11, “De fomento del alcohol absoluto y alcohol carburante”. El documento vuelve al Congreso nacional para su consideración.

De acuerdo al decreto N.° 2.698, el mandatario objetó parcialmente la propuesta planteada por varios senadores. La propuesta planteaba la compra del 50 % de alcohol de caña de azúcar (existe también de maíz y otros) y mezcla del 30 % con naftas para automóviles flex.

Le puede interesar: Diputados rechazó proyecto que pretendía salvar el “Bosque San Vicente”

El Ejecutivo no está de acuerdo con lo planteado en el artículo 11 en el cual se impone al Estado adquirir vehículos livianos y utilitarios con tecnología flex fuel o E85 (Etanol 85 %), hasta alcanzar el año 2028. La transformación de al menos el 50 % de su parque automotor con vehículos propulsados con este tipo de combustión, alentando de esta forma el consumo de biocombustible con mayores porcentajes de etanol anhidro en las naftas.

De acuerdo a los argumentos, las objeciones planteadas son respecto a las infracciones o incumplimientos de cualquiera de las obligaciones resultas en las modificaciones de la ley sobre el etanol. En tanto, el Ejecutivo acompaña los cambios que hacen relación al uso de un mínimo del 50 % de alcohol de caña de azúcar, para la mezcla con las naftas.

A través de dictámenes elaborados por el Ministerio de Industria y Comercio y Petropar, que fueron presentados al Congreso durante el estudio del proyecto de ley, manifestaron su desacuerdo a la propuesta.

Por un lado, el MIC indicó que apoya el fomento del uso del alcohol en los combustibles, sin embargo, considera que el aumento del porcentaje de las mezclas en las cantidades que estaban siendo propuestas deberían basarse en estudios técnicos con mayor profundidad.

En tanto, desde Petropar señalaron que la mezcla podría ocasionar daños a los vehículos con el aumento del porcentaje del alcohol, entre ellos el incremento del consumo del vehículo, aumento de los costos finales, a partir del 20 % de concentración de etanol ocasionan problemas en el arranque del vehículo.

Siga informado con: “Acompañamos a Israel en esta cruzada y abogamos por la paz”, dice diputado en Ginebra

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que aumenta las penas por maltrato animal, remitiendo la propuesta al Ejecutivo para su promulgación o veto. De este modo, se eleva el hecho a la categoría de crimen, al contemplar penas privativas de libertad superiores a los cinco años.

“¡Paraguay es animalero! ¡Aprobamos el proyecto de ley de aumento de penas por maltrato animal!”, expresó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a través de sus redes sociales, destacando el logro para avanzar con una ley más determinante en torno a los maltratos animales.

Desde la Cámara Baja avanzaron con unanimidad sobre la mencionada propuesta legislativa. Además de elevarse la pena privativa de libertad, también se establecen plazos para impedir que maltratadores condenados puedan poseer mascotas a su cargo.

Lea más: PGN2025: prioridades del MEC se centrarán en infraestructura, afirma ministro

“Mucha gente aún no comprende que el bienestar animal va más allá de proporcionar agua y comida, se trata de garantizar una vida digna y libre de maltratos”, había expresado Héctor Rubin, director Defensa, Salud y Bienestar Animal, cuando el proyecto comenzaba a analizarse primeramente en el Senado.

Desde la Dirección de Defensa Animal también habían contribuido a la elaboración del proyecto, con el objetivo de recrudecer las penas sobre maltrato animal, demostrando el compromiso de las autoridades para efectuar acciones firmes en torno a los hechos de violencia hacia animales.

Por su parte, el diputado José Rodríguez había presentado otro proyecto que planteaba penas de hasta ocho años de prisión. No obstante, atendiendo la urgencia del tema, el pleno de Diputados se allanó a la versión del Senado, sin descartar tratar otras reformas que puedan efectuarse.

Lea también: Consejo de Administración del IPS destituye a gerente de Desarrollo, tras intervención

Con la comisión de Hacienda al frente, se desarrolló una audiencia publica conjunta con varias comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, para realizar el estudio del proyecto de ley que crea el “Registro Unificado Nacional” (RUN). A la reunión asistieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de distintas instituciones que participaron de la mesa técnica.

Este proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Le puede interesar: Denuncian amenaza palestina a delegación paraguaya en Ginebra

Este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles. Su principal misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Al respecto, el senador Javier Zacarías Irún, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se mostró muy satisfecho con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, y valoró la apertura al diálogo de sus autores e insistió en que es lo mejor para el país.

“Estamos contentos porque vemos con muy buenos ojos esta alianza estratégica. No se ve normalmente lo que hoy estamos viendo, ese diálogo permanente para buscar lo mejor para el país. Sobre esto, estamos trabajando técnicamente y estamos encontrando mucha apertura en los proyectistas, y se están haciendo una serie de análisis con los principales actores que estarán en el día a día haciendo uso de esta nueva ley”, precisó.

Asimismo, sostuvo que la implementación del proyecto representará la modernización del Estado y brindará seguridad jurídica a la inversión extranjera. Destacó que con esta nueva ley se podrán identificar mejor los inmuebles y dar un fin al problema de siempre que tiene que ver con los sobre títulos de propiedad.

“Vamos a poder trabajar mejor, y dar una solución más rápida, simplificando los trámites, los plazos, con registro electrónico, cartografía única dentro del Paraguay, reducción de los costos. Son los beneficios que nos va traer esta ley, por consiguiente creo que es algo que debemos apoyar todos los paraguayos”, enfatizó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, destacó que esta legislación será clave para modernizar la gestión catastral y registral, optimizando tanto la seguridad jurídica como la eficiencia en los procesos.

“El RUN tendrá un impacto positivo al garantizar la seguridad jurídica de los registros que administra, además de publicitar los actos jurídicos relacionados con la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales y otros derechos susceptibles de registro, siempre en conformidad con las disposiciones legales vigentes”, afirmó Benítez Riera.

En tanto, el ministro de la CSJ Eugenio Giménez destacó que la sanción de este proyecto va ser un paso importante, por lo que alentó vivamente a su sanción. “Creo que es una propuesta correcta y creo que en algún tiempo irá solucionando uno de los más grandes problemas que tiene nuestro país, que es el problema de la tierra”, indicó.

Siga informado con: Seguridad debe reflejar resultados para víctimas del EPP, afirmó diputado