La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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• por Silde Oporto

El canciller Rubén Ramírez Lezcano, en entrevista para La Nación/Nación Media, habla de los principales objetivos a los que apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores para su fortalecimiento en un aspecto fundamental: la inserción de Paraguay al mundo, el trabajo estratégico con los países aliados, la asistencia de los connacionales, y las relaciones políticas y comerciales.

“Para el gobierno del presidente Santiago Peña, la prioridad es la inserción de Paraguay en el mundo y, en ese contexto, estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras representaciones en donde tiene relevancia, en primer lugar, la diversificación de mercados”, expresó el jefe diplomático. “El trabajo con nuestros aliados estratégicos también es clave y existe siempre la posibilidad de que haya designaciones políticas, como de hecho existen, pero, al mismo tiempo, esto tiene el soporte diplomático de carrera, que están formados, capacitados, ya sea para las relaciones bilaterales, como multilaterales”.

Uno de los grandes temas de la agenda para la Cancillería se concentra en la producción de la Marca País, en la atracción de inversiones y la ampliación de los mercados y la diversificación, objetivos puntuales del Gobierno. “Estamos trabajando, renovando nuestras representaciones en diversos países, en los próximos días salen decretos donde vamos a hacer cambios de embajadores que nos va a permitir una renovación de nuestros representantes”, adelantó Ramírez Lezcano.

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Las presentaciones consulares, encargados principalmente de tramitar documentos oficiales y proteger los intereses de los ciudadanos en el exterior, también son una prioridad. El canciller destacó la importancia de todas las relaciones diplomáticas con todos los países, principalmente donde se cuenta con mayor cantidad de compatriotas, como Argentina, España, Estados Unidos y Brasil.

“Para nosotros es importante toda relación bilateral, para nosotros es importante Brasil, pero no solamente la capital Brasilia, que es la relación directa con el Gobierno, sino que tenemos representaciones consulares que son claves, como San Pablo, como los consulares fronterizos. En la República Argentina sucede lo mismo, son dos países casi continentales. En España también nos sucede lo mismo, en Estados Unidos lo mismo”, refirió a La Nación.

Agregó que “en los grandes países hemos ampliado nuestras representaciones consulares, y en otros, donde estamos pidiendo la reciprocidad a la luz de los recursos presupuestarios que se han disminuido de la eliminación del arancel comercial consular, que es una medida que se debía adoptar sí o sí, pero que anticipamos con el propósito de apuntalar, uno, la desburocratización y dos, la competitividad de las empresas paraguayas”.

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La Cancillería trabaja directamente con las embajadas y los consulados, aglutinando el esfuerzo de todas las estructuras del Gobierno de Paraguay y también con instituciones nacionales que en ese contexto otorgan el soporte necesario para la asistencia de los connacionales en el extranjero.

Uno de ellos, la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, que pasa a ser parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ya se iniciaron los trabajos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con ese propósito. “La absorción por parte de la Cancillería también demanda una serie de gestiones administrativas, técnicas, presupuestarias que vamos a estar trabajando, desde el punto de vista técnico presupuestario, pero desde el punto de vista procedimental también”, apuntó Ramírez a LN.

“Para nuestro país, la atención para nuestros connacionales es algo prioritario, podemos ver la composición de nuestras representaciones, tanto diplomáticas como consulares, en los países y ciudades de mayor afluencia migratoria paraguaya, Estados Unidos, España, Argentina, hemos reforzado totalmente los consulados, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en las provincias fronterizas con Paraguay”, mencionó en otro momento.

En las siguientes publicaciones de La Nación, el canciller expondrá otros puntos que tienen que ver con las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, como las expectativas y proyecciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump. También se abordará sobre las relaciones comerciales en la región y el mundo.

Las negociaciones sobre el tratado de la Itaipú Binacional, una negociación histórica entre Paraguay y Brasil, también tendrá importantes novedades en las próximas semanas, así como las soluciones estratégicas para la circulación de la hidrovía, tramos que hacen a la circulación de exportación de la producción y exportación nacional.

El director ejecutivo del Rally, César Marsal, habló de los beneficios económicos que implicará para el Paraguay la realización de este evento tan importante, previsto en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto. Se estima que supondrá ingresos de entre USD 50 y 80 millones para el país y la generación de alrededor 1.000 empleos directos.

El Mundial de Rally Paraguay o World Rally Champions­hip (WRC, por sus siglas en inglés), se desarrolla en dis­tintas partes del mundo y uno de sus escenarios será el departamento de Itapúa, que prevé una convocatoria de entre 250.000 y 300.000 personas, entre fanáticos locales, turis­tas y destacadas escuderías internacionales. La hotelería de Encarnación ya se encuen­tra al 100 por ciento de su capacidad reservada, lo que refleja la relevancia de esta competencia en el circuito global.

Marsal dijo a La Nación/Nación Media que el turismo será uno de los sectores más beneficiados, teniendo en cuenta las visitas a las zonas turísticas y la gran ocupación hotelera, no solo en la zona del departamento de Itapúa sino que en otros departamentos. El evento se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto por las calles y caminos de las ciudades de Obligado, Hohenau, Bella Vista, Trinidad y Nueva Alborada.

El director ejecutivo mencionó que se estima un ingreso de entre USD 50 y 80 millones para el Paraguay. También el evento tendrá una importante incidencia en la ciudad de Posadas, Argentina, ya que también será un punto de alojamiento para los cientos de fanáticos que van a visitar el país. “También la zona de Asunción, porque los vuelos que vienen del interior llegan a Asunción y se está viendo el traslado vía aérea y terrestre (...) Los mismos se quedan a hacer turismo en Asunción también”, mencionó.

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Como parte de este evento, se prevé también la generación de un flujo importante de empleo ya que las empresas afectadas empezarían a contratar personal para reforzar el servicio en esos días. “Como referencia estamos hablando de que el Mundial de Chile creó unos 1.500 empleos directos y produjo en la zona un importante ingreso económico de entre USD 100 y 150 millones”, refirió a LN/NM.

Marsal mencionó que habrá una fuerte inversión tanto del sector privado como público. “Tengo información de que los hoteleros están reforzando las habitaciones, muchos están creciendo en cuanto a las habitaciones, pero de manera pública también van a haber inversiones ya que el movimiento que genera el Rally necesita también un crecimiento en la infraestructura, estamos hablando probablemente enripiar rutas, asfaltar ruta, empedrar rutas que hoy no están empedradas, aumentar la capacidad del agua, de energía eléctrica y también en el paso fronterizo con posadas para dejar un paso más ágil e importante”, mencionó.

Por otro lado, también el Aeropuerto de Encarnación debe recibir inversión para aumentar su capacidad. Sin embargo, en este punto existe un problema, por ahora, ya que el intendente de Encarnación, Luis Yd, no transfirió aún el aeropuerto a la Dinac. “Aparte de no poder hacer las inversiones, corremos el riesgo de que la Federación Internacional del Automóvil diga mañana que la zona de Itapúa no es apta para recibir un Mundial de Rally porque no tiene aeropuerto. Y si nosotros nos guiamos por los caprichos de una u otra gente puede pasar eso”, advirtió.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió una nota a la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Paraguay, expresando su absoluto desacuerdo a la decisión tomada por el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que resolvió responsabilizar al Paraguay por la muerte de dos niñas durante una operación militar contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el año 2020.

En el descargo de la Cancillería se señala que las conclusiones de este comité se apoyan en facultades asignadas unilateralmente a través de “metodologías internas de trabajo”, que contravienen abiertamente a disposiciones de superior jerarquía emanadas del Protocolo Facultativo, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

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Asimismo, manifiesta que el informe conclusivo fue resultante de la investigación confidencial desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño, y la representación diplomática recuerda que, de acuerdo al Reglamento del propio comité, establece que tanto la investigación como los documentos, y actuaciones relacionadas a ella deben tener carácter confidencial. Además, el Comité no tuvo en cuenta la información contextual y sustantiva proveída en su momento por el Estado paraguayo, “lo cual afecta seriamente la coherencia y rigurosidad” de la investigación.

“El Estado paraguayo considera especialmente grave que el Comité haya ignorado su requerimiento, oportunamente remitido mediante MPG/OI/n.° 107/2024, de que todos los documentos y actuaciones de la investigación se mantengan, como corresponde, con carácter confidencial y no sean publicados, por guardar relación con procesos y diligencias investigativas que aún se encuentran en curso en el ámbito de la jurisdicción interna”, expresa el documento.

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La Cancillería solicita a la Misión Permanente en Paraguay que se requiera al citado comité que la nota sobre la posición nacional sea publicada junto con los demás documentos relativos al proceso de investigación. Por tanto, el descargo del gobierno paraguayo rechaza categóricamente la posición que considera “poco objetiva y carente de imparcialidad”.

“Esta situación afecta seriamente la coherencia y rigurosidad de la investigación, por lo que lamentamos que el enfoque del comunicado de prensa del Comité empleó un lenguaje poco responsable, excesivamente generalizador, desbalanceado y terminológicamente impreciso, lo cual pone en duda la predisposición del Comité para entablar una colaboración realmente constructiva y de buena fe”, expresa finalmente el documento.