Anadelia Acosta, funcionaria de la Cámara de Diputados, presentó esta mañana un pedido de permiso por 30 días, sin goce de sueldo, alegando los motivos de público conocimiento y para poder defenderse en su causa. Ella fue denunciada por dos familias por una supuesta millonaria estafa, atendiendo a que debieron recibir una indemnización de G. 800 millones por parte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el monto recibido fue menor.
Sin embargo, este pedido de permiso fue rechazado por la dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, ya que las normas institucionales no contemplan este tipo de solicitudes, según se informó.
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“Esta mañana se reportó en la mesa de entrada un pedido de permiso sin goce de sueldo por 30 días. Ahora se va a elaborar el dictamen, pero ya que la norma no permite otorgar un permiso sin goce de sueldo, que no sea para prestar servicio en otra repartición, va a ser denegado ese permiso”, explicó a los medios el director de RR. HH. de la Cámara de Diputados, Máximo Medina.
El funcionario indicó, además, que el propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, ya había anunciado el rechazo del pedido de permiso de Acosta, “porque no se configura en la norma”. El escrito presentado por la funcionaria ya fue remitido al área jurídica.
Latorre había emitido una resolución en el cual se procedió al cese de su comisionamiento a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, y su disposición a la dirección de RR. HH. Con esta resolución, la funcionaria debió presentarse en la Cámara de Diputados para seguir con sus funciones.
“Tiene que presentarse, ya tenía que presentarse el día de ayer. Al no presentarse, ya está incurriendo en falta con la institución, va a implicar una falta grave y el juez de sumario va a resolver. Nosotros vamos a pedir la sanción que corresponda en este caso, que tres días, según las normas ya se configura en una falta grave”, indicó el director de RR. HH.
El proceso del sumario duraría tres meses, y de configurarse en una falta grave, la funcionaria inclusive puede ser prohibida de ocupar cargos públicos por algunos años. “Normalmente si hay una destitución, si es que la hubiere, los jueces dictan de dos a cinco años la prohibición para ocupar otros cargos públicos, pero eso sería ya una vez que se dicte una resolución administrativa”, sentenció.
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