El Ministerio Público acusó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto por lesión de confianza y administración en provecho propio y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Ante esta situación, el concejal Ernesto Guerin pidió celeridad a la justicia y aseguró que si se investiga adecuadamente, se concluirá que todas las denuncias que pesan sobre el jefe comunal, son verdaderas.
“Queremos que se dé la mayor celeridad posible y que esto se esclarezca, porque si todo lo que venimos denunciando es cierto, el intendente no debería estar un día más en el cargo”, aseveró el edil en contacto con La Nación/Nación Media y señaló que existen otros casos que aún no fueron investigados por el Ministerio Público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez, quienes investigan a Prieto consideran que el intendente “encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública”, esto relacionado a las compras realizadas por la municipalidad en el 2020 durante la pandemia del covid-19.
“Nosotros queremos que el Ministerio Público haga su trabajo, no le pedimos ningún favor, porque si lo hacen se van a dar cuenta de que todo lo que se viene denunciando, este tema de Tajy, de Tía Chela, y otros casos son ciertos. Los concejales también hicimos denuncias con respecto a las viandas sustentables, pero la contraloría hasta hoy en día no dio respuestas”, cuestionó Guerin.
Asimismo, el concejal lamentó que lo que sucede en la Junta Municipal, donde la bancada que respalda a Prieto es mayoritaria, por lo cual, este sigue teniendo fuerza como administrador de la comuna. Recientemente, la bancada de Yo Creo presentó un pedido de intervención para la municipalidad, sin embargo, ellos mismos votaron por el rechazo de la iniciativa.
“No sé cuál fue su estrategia, para mí que con esto ellos se burlan de la ciudadanía. Él tiene una mayoría aplastante y mediante eso puede hacer todo lo que quiera, es una vergüenza lo que está pasando y lastimosamente no hay un obstáculo legal para que él siga en el cargo en lo que dure su proceso, a menos que dictaminen que vaya a prisión domiciliaria”, lamentó.