La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley mediante el cual se fusionan la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (Inan). La iniciativa ya contaba con media sanción por parte de la Cámara de Senadores, por lo que ahora se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
De acuerdo a lo que explicó la diputada Cristina Villalba, quien integra la Comisión de Presupuesto, mediante esta fusión se busca evitar la duplicación de funciones y superposición de roles entre ambas instituciones y permitirá fortalecer el ámbito de la vigilancia sanitaria, el control de calidad, la regulación de los productos para la salud, los alimentos entre otros.
La legisladora habló de la necesidad de modernizar el Estado de modo a evitar la duplicación y la superposición de funciones y recordó la ley N.° 7.278 que regula la administración estatal y establece este mismo concepto en su artículo primero. Asimismo, indicó que el proyecto plantea incorporar funciones del Inan y la Dinavisa.
En el mismo sentido, otro de los objetivos es reforzar las atribuciones de ambas instituciones y unificar las tareas de vigilancia sanitaria, de modo a asegurar la calidad de los productos en circulación y permanecerían a cargo de dicha cartera ministerial, las políticas públicas, planes, programas de alimentación relativos a la nutrición y alimentación de la población, el control epidemiológico, así como los servicios de salud asistenciales y los programas de nutrición y alimentación.
Según lo que dispone el proyecto de ley, los bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, asignados a las dependencias del Inan, así como también los funcionarios permanentes y el personal contratado, pasan a formar parte de la Dinavisa, a excepción de aquellos que cumplen funciones en la dirección y en los programas alimentarios y nutricionales, quienes permanecerán como dependientes del Ministerio de Salud.
Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
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Tras un extenso debate, el Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto queestablece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La propuesta que figuraba en el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria, terminó siendo analizada como primer punto a solicitud del senador Natalicio Chase, quien ejerce el liderazgo de la bancada del movimiento Honor Colorado. Finalmente la versión aprobada días atrás por Diputados fue la que prevaleció en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que la iniciativa posee modificaciones sugeridas desde el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El resultado fue el siguiente31 votos a favor, por la versión de la Cámara de Senadores 1 voto, por el rechazo de ambas versiones 10 votos, 1 ausente y 2 abstenciones. Desde la oposición, quienes se muestran contrarios al proyecto, instan a Peña a actuar de manera “racional” y proceda a vetarlo totalmente por considerarlo inconstitucional y autoritario bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
Desde las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado aconsejaron al pleno sancionar íntegramente el texto de Diputados. “El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales que guardan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipios, universidades públicas y demás entes públicos”, dijo el senador Derlis Maidana durante su intervención.
El titular de la Comisión de Legislación siguió afirmando que los cambios de la cámara revisora se sustancian principalmente en el artículo 2 respecto al alcance del proyecto de ley. “Las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales”, manifestó.
De la misma manera también se encontrarán excluidos las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
Detalló que otro punto guarda relación con el derecho a la libre asociación. “Se establece que toda persona tiene el derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, comprendiendo la facultad de asociarse para fines sociales, económicos y políticos.
En cuanto a la autoridad de aplicación, Maidana indicó que se establece que será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a las facultades que le corresponden a la Contraloría y otras instituciones y organismo en el ámbito de su competencia.
Mientras que en el artículo 5 del proyecto de ley se estableció el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas. “El Estado no viene a coartar, al contrario viene a estimular para que las personas se asocien sin fines de lucro”, refirió Maidana.
El documento en su artículo 6 refiere que el Estado garantizará la plena autonomía de las oenegés y no agotarán medidas que interfiera en su funcionamiento. En su artículo 7 prevé que formarán parte del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y del Registro Administrativo de Beneficiarios Finales dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el artículo 15 se hace mención a las infracciones. En relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, se mantendrá en el documento, como primera medida, el apercibimiento por escritos y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
Asimismo el artículo 19 dice que las disposiciones de la presente ley no afectarán las competencias de las instituciones con facultad de regulación, control y fiscalizaciónsectorial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Control a ONG: habría consenso en el Senado para sancionar la versión de Diputados
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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, sostuvo que la Cámara Alta aceptará las modificaciones introducidas por Diputados en base a las sugerencias del Poder Ejecutivo al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
La iniciativa será analizada mañana miércoles por el plenario y, de sancionarse, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. “Acá existen dos versiones, el de la Cámara de Senadores y de Diputados, ambas fueron ampliamente debatidas. Este proyecto es para perseguir a quienes viven a costas de las oenegés, a los que lucran detrás de supuestas fachadas y solo se benefician ellos”, sostuvo el legislador.
Núñez comentó que dentro de la bancada del movimiento Honor Colorado existe un amplio consenso de aprobar las modificaciones introducidas por Diputados teniendo en cuenta que establece sanciones “más flexibles” contra aquellas oenegés que se resistan a transparentar sus cuentas.
No se descarta que otras bancadas de la oposición que acompañan frecuentemente las iniciativas del oficialismo respalden el posicionamiento. El parlamentario indicó que es necesario que la ciudadanía conozca el uso que dan las organizaciones no gubernamentales al dinero público. Ante la posibilidad de que los denominados “oenegeros” impulsen acciones de inconstitucionalidad para impedir la vigencia de la propuesta, Núñez dijo que “es una potestad que tienen las personas jurídicas, físicas, este es el estado de derecho que tenemos”.
El documento refiere que quedarán excluidos de la aplicación de la iniciativa los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la propuesta, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre compartió un encuentro con la comunidad judía del Paraguay, ocasión en que rindieron un homenaje a los ciudadanos de Israel que resultaron víctimas fatales en la masacre desatada por el grupo terrorista Hamas. Foto: Gentileza
La masacre del 7 de octubre: Latorre expresó solidaridad con Israel y condenó el terrorismo
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Este domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre compartió un encuentro con la comunidad judía del Paraguay, ocasión en que rindieron un homenaje a los ciudadanos de Israel que resultaron víctimas fatales en la masacre desatada por el grupo terrorista palestino Hamas el pasado 7 de octubre.
“Durante mi visita a Israel me tocó ver en persona horrores y atrocidades que me costaron mucho asociar con la realidad. Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel, nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y el ferviente deseo de que muy pronto los secuestrados puedan retornar con sus familias”, sostuvo a los medios de comunicación.
Asimismo, el parlamentario acotó: “Amir Ohana quien es el presidente del parlamento de Israel me indicó que ese fue el peor atentado que sufrieron desde el holocausto de la segunda guerra mundial, el antisemitismo está más vigente que nunca y nosotros debemos combatirlo con todas nuestras fuerzas. Le recordamos a todos los ciudadanos de esa hermana nación que el Paraguay también es su casa y que son bienvenidos”.
El atentado terrorista de una magnitud sin precedentes contra Israel fue desatada inicialmente con un ataque masivo de aproximadamente 2.000 misiles, que posteriormente permitieron a los miembros del Hamas ingresar al territorio israelí, apoderarse de bases militares y policiales para luego impulsar una masacre sin escala.
Más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, hombres, mujeres y niños, fueron masacradas en esa ocasión por los terroristas y otros 240 fueron raptados. “Tenemos un ferviente grito exigiendo justicia y la liberación de los secuestrados”, afirmó Latorre.
La ley del agente penitenciario había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias. Foto: Gentileza
El presidente Santiago Peña objetó totalmente el proyecto de ley N° 7.318 “del agente penitenciario”, siendo devuelto al Congreso. La propuesta legislativa había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
“Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”, se expresa en parte del decreto.
Desde el Ejecutivo, remarcaron también que diversos aspectos normativos del proyecto supondrían un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos competentes.
“Se han dictado normas como la ley N° 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado, la cual prevé que antes de dictarse una ley que cree, modifique o regule nuevas estructuras administrativas, se cuente con un parecer técnico sobre su necesidad por parte del Ministerio de Economía”, se expresó, lo cual no se aplicó con el referido proyecto.
Parte del decreto por el cual se objeta el proyecto de ley referido. Foto: Captura de pantalla
El plan legislativo
De acuerdo al Ejecutivo, el impacto presupuestario del plan legislativo sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año. Esto abarcaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de los trabajadores tendrían cargo de directores.
“La iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, se subrayó desde Presidencia.
El proyecto de ley vetado busca definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados, pretendiendo humanizar la carrera, en respeto a la institucionalidad. Desde el Ejecutivo se coincidió en su relevancia, pero atendiendo las consideraciones planteadas.