Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. Prieto está imputado en dos casos, de una cuarentena de denuncias que tiene en su contra en el Ministerio Público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.
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La imputación contra el intendente de Ciudad del Este fue formulada en abril de este año, por parte del equipo fiscal que lleva esta causa, además de otras personas, como el entonces director de administración y finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, y otras personas.
En las investigaciones, se detalla que Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la municipalidad, y con la colaboración de los integrantes de la estructura que manejaba, entre los meses de marzo y junio de 2020, habrían convocado y promovido una millonaria licitación por la vía de excepción, direccionado y amañado para favorecer a una estructura jurídica liderada por Prieto.
Esta licitación se realizó para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia de Covid-19, con supuestos fines sociales. El perjuicio ocasionado a las arcas municipales sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
“Conforme a las investigaciones, Prieto Vallejos, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, supuestamente encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución administrada por su persona, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, refiere parte del informe del Ministerio Público.
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