Autoridades electorales trabajan en el plan de habilitar nuevos locales de votación en todo el país. Con ello, se busca responder al aumento de electores habilitados para sufragar, conforme a la ley N° 6951/2022, que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente (RCP).
Esto se aplicaría tanto para ciudadanos paraguayos, para residentes en el país, así como también para aquellos que residen en el extranjero. Al respecto, el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo y el coordinador general de esta dirección, Hugo Cazal, mantienen reuniones informativas constantes.
Los encuentros se llevan a cabo con jueces electorales de diversas circunscripciones, a fin de analizar la posibilidad de habilitar nuevos locales de votación. Recientemente, se realizó una mesa de trabajo con el juez electoral del departamento Central, Modesto Núñez.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se informó que conversaron sobre los detalles del proyecto a ser planteado, aparte de finiquitar algunos detalles y así también apostar al involucramiento de diversos sectores, para lograr una reglamentación lo suficientemente abarcativa.
Lea más: Movimiento liberal impulsa alternativas sobre convención partidaria
Actividades de la Justicia Electoral
Autoridades de la Justicia Electoral han coincidido en que la ampliación de locales de votación resulta fundamental para facilitar el acceso al derecho del sufragio y también para fomentar una mayor participación ciudadana en los próximos procesos electorales.
En el marco de la propuesta mencionada, también se desarrollan labores estratégicas de formación. Así, funcionarios diplomáticos de la embajada paraguaya en Estados Unidos y de los consulados en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Washington, participaron de jornadas de capacitación.
Las conversaciones se basaron en brindar instrucciones para la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de los paraguayos residentes en los territorios mencionados. Las actividades se llevaron a cabo en el marco de un convenio entre el TSJE y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lea también: Santiago Peña objetó ley del agente penitenciario