La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos y delitos conexos había resuelto accionar judicialmente para acceder a informaciones de algunas organizaciones sin fines de lucro que se negaron a proporcionar datos sobre el uso que dan a los recursos que manejan.

Las organizaciones que no habían proporcionado los informes solicitados son el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Semillas para la Democracia, Colab Abogados, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, entre otros. Con la medida tomada, se accionaría sobre las mencionadas entidades.

El senador Dionisio Amarilla, titular de la CBI, fue quien puso a consideración de los miembros de la comisión la propuesta de recurrir a la justicia. La moción fue aprobada por unanimidad de los presentes en la sesión desarrollada el jueves, en la sala de sesiones.

Además, el parlamentario recordó a los integrantes de la CBI que, por ley, están habilitados a accionar judicialmente en los casos en que las instituciones pertinentes se nieguen a proveer la información requerida por la comisión, remarcando que cuentan con las normativas necesarias.

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“Creo que en ese sentido, la ley 137/93 es clara, nosotros necesitamos cerrar este capítulo. Lastimosamente, valiéndose de artilugios e inclusive filtrando información desde las mismas organizaciones, que hasta enviaron emisarios para intentar suavizar la gestión de la presidencia (de la CBI)”, expuso Amarilla en la sesión.

Para el parlamentario, este tipo de acciones solo han dilatado el acceso a los datos de las organizaciones sin fines de lucro, dificultando las labores por las cuales fue instalada la mencionada comisión. Puntualizó la prioridad en torno a la búsqueda de la transparencia.

La CBI mantuvo también, durante su sesión, reuniones con diferentes representantes estatales, como con el contralor general de la República, Camilo Benítez; el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate; y representantes de la Fiscalía General de la República.

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