La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.