El senador Gustavo Leite dijo que las investigaciones publicadas en los medios de comunicación, entre ellos, de la Unidad de Investigación Nación Media, sobre el manejo de fondos públicos por las organizaciones no gubernamentales (ONG), debieron tener una atención de oficio del Ministerio Público. “La periodista Rossana Escobar nos trajo sus informes, que vienen siendo publicados hace dos años, casualmente nunca nadie le dio bola, ni la Fiscalía, ni nadie. Deberían haber actuado de oficio”, comentó sobre la labor de la comunicadora del diario La Nación.
También se refirió a los aportes del periodista Enrique Vargas Peña, que también viene realizando denuncias desde hace bastante tiempo. “Ellos son personas que tienen manifestaciones públicas, reconocidas hace más de dos años al respecto de esta problemática. El periodista Vargas Peña viene denunciando que las ONG potencialmente violan el 126 de la Constitución, y creo que sus argumentos son muy sólidos”, indicó.
La presencia de directivos de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) también aportó datos relevantes en el marco de este trabajo de investigación, de acuerdo con el senador. “La comparecencia de Fecoprod nos pareció muy relevante, porque cuando nosotros le mandamos a Fecoprod la misma carta que se le envió a los abogados que nos mandaron un exabrupto, nos dijeron que quieren comparecer, queremos ir a rendir en público la plata que usamos, nos pareció una señal de como tiene que ser todas las cosas”, comentó el legislador.
Leite integra la Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, presidida por el senador Dionisio Amarilla; que ayer lunes tuvo como invitados en sede del Congreso Nacional a Enrique Vargas Peña, Rossana Escobar, José Ocampos, Dania Ríos y representantes de Fecoprod, en una audiencia transmitida en directo por YouTube. También estaban agendados Gustavo Villate y Camilo Benítez.
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Periodista confirma que existe un grupo de ONG ligado a políticos de la oposición
La Comisión Bicameral de Investigación sobre antilavado mantuvo en la fecha una sesión abierta en la que participaron algunos periodistas dedicados a la investigación y analistas. En ese marco, fue invitada la periodista y directora de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, quien realizó una presentación de su trabajo basado en indagaciones que realizó sobre un grupo de organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en grandes corporaciones por la enorme cantidad de dinero recibido, tanto del exterior así como también de recursos provenientes del Estado paraguayo.
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Escobar comenzó señalando que toda la información a la que accedió fue gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como la colaboración de personas que están entorno a estas organizaciones civiles que cansadas de la situación del gran festín que se hace con el dinero de afuera y del Estado comprometido.
Indicó que el estudio a las oenegés comenzó hace como 2 años, y que llegó a todo esto a raíz de una serie de otras investigaciones que tienen que guardan relación con otras oenegés, que parecieran ser otras organizaciones, pero que en realidad tienen otros nombres pero vinculados al mismo grupo de personas. Remarcó que ha encontrado que detrás de este grupo de ONG está siempre el mismo grupo de personas, llamativamente políticos de la oposición.
“Quiero aclarar que no están mal las oenegés, nadie quiere satanizar a las organizaciones porque también quiero decir que hay oenegés que trabajan muy bien. Pero están otras organizaciones no gubernamentales que son en realidad grandes corporaciones por el volumen de dinero que reciben y ejecutan. Podrán ver que las que están a la cabeza y que de alguna forma están direccionando la opinión pública, tergiversando y contaminando lo que es una lucha anticorrupción. Podrán notar que todas están lideradas por políticos”, precisó.
Sponsorear en política
Rosana Escobar indicó que cuando se habla de financiamiento político en campañas electorales no se debería pensar solo en lo económico, ya que hay muchas formas de “sponsorear” en política: puede ser una entrevista en medios de prensa o promoción en redes sociales, pero señaló que se ha colocado a una buena parte de políticos de la oposición, a los que les cuestionó porqué no conformaron su partido político.
Mencionó además que detrás de los grupos políticos, también hay algunos periodistas “que se hacen llamar expertos y que también tienen la exclusividad de participar en estos debates. Además a agencias publicitarias que canalizan las campañas de comunicación”, acotó.
Señaló que esta es una forma de financiar a gente que tiene ideas y que cree está bien. “Creo que llegó el momento de sincerarnos, y saber quién es quién, cuánto cobran y sobre todo el impacto. Saber qué beneficios trae para la ciudadanía, para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es el que firma los convenios con el organismo multilateral internacional a través de la Cancillería de la República”, mencionó.
Esquema vigente
En otro momento, la periodista Escobar confirmó ante el plenario que todo este esquema de operación de oenegés con políticos involucrados sigue vigente con los mismos actores. “Lo que cambia muchas veces, son los nombres de proyectos, pero sigue siendo el mismo grupo. Reitero, que estamos hablando de un grupo reducido, que parece mucho, pero en realidad no son muchos. Es un grupo cerrado de gente, que gana muy bien con las consultorías”, precisó.
Mencionó que esta situación ya está generando mucha decepción, porque tuvo oportunidad de hablar con los miembros de la coalición por la legalidad. Indicó que muchas organizaciones civiles que confiaron, pero que no supieron nunca que había tanto dinero de por medio, y que algunos líderes estaban cobrando.
Infiltración e injerencia
Otro de los invitados de la CBI fue el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos, quien expuso que su presentación no va contra aquellas oenegés que llevan una gestión loable y en beneficio de los sectores más vulnerables. Lo que sí señaló que está notando una grave infiltración e injerencia de ciertas oenegés que están buscando introducir ciertas ideologías en el país.
“Estamos ante una de las políticas de infiltración más grandes de la historia del Paraguay”, remarcó luego de presentar ante el pleno una serie de documentos, publicaciones y videos que evidencia su teoría.
“Se corrieron las cortinas y nos enteramos de los millones de dólares y millones de euros que entidades privadas envían al Paraguay para que algunos compatriotas trabajen por el dinero en la imposición legal de esas políticas de Estado de intereses privados de empresas en el país. Un verdadero ejército de legionarios 2.0 que por dinero entregan a su país para trabajar en temas de educación, salud, temas culturales, ni qué decir temas ambientales”, expresó.
Asimismo, la CBI invitó al periodista Enrique Vargas Peña, quien en constantes ocasiones ha denunciado la violación del artículo 126 de la Constitución Nacional por parte de algunas oenegés insertas en algunas instituciones del Estado; porque están buscando a través de sus medios, filtrar sus estrategias de gobernanzas que colisionen con la democracia que se tiene en el país, poniendo incluso en riesgo su estabilidad.
En conclusión, señaló que está muy de acuerdo con que se apruebe la ley de transparencia de las oenegés, y considera muy importante, que esta CBI pueda determinar si se están violando las normas de financiamiento político.
“Creo que es justo que todos sepamos quién es quién, y donde está parado, pero para eso, la gente no tiene que tener miedo. La lucha por la opinión publica depende de una cosa fundamental, de que nosotros los que estamos de lado del Paraguay, seamos los defensores de la democracia, de la libertad. Cuando logremos, eso, ellos quedarán como el proyecto autoritario. Uno de ellos, es el proyecto del Foro Económico Mundial, y lo reafirmo categóricamente”, sostuvo.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Más de 6.000 ONG no reportan sus actividades, según el Ministerio de Economía y Finanzas
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tuvo su primera reunión el pasado martes 3 de septiembre y dicho encuentro posibilitó a los legisladores poder solicitar a instituciones como el Ministerio Público, la Justicia Electoral entre otras, informaciones respecto a lavado de dinero. En este primer encuentro, saltó la falta de transparencia por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Empezamos a tener las primeras informaciones. Hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro y de esas, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de la mitad no reportan quiénes son sus directivos, quiénes son sus aportantes, en qué gastan su plata, entonces hay una nebulosa gigante que refuerza nuestra media sanción para monitorear y transparentar la plata que mueven las ONG”, afirmó el senador Gustavo Leite.
De acuerdo a lo manifestado por el vocero de la Comisión, la falta de control a estas instituciones da lugar a que se cometan ilícitos. Leite aclaró que no desconocen la labor que hacen determinadas organizaciones, que son muy prestigiosas y tienen un gran impacto en la sociedad, no obstante, algunas son utilizadas para el lavado de dinero o para el financiamiento de ciertas actividades ilícitas.
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“Pedimos al MEF que nos indiquen cuáles son esas más de 6.000 que no están cumpliendo, pero lo que nos reforzó ayer la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es la necesidad perentoria del monitoreo de rendición de cuentas a las ONG, eso es algo muy necesario”, expresó el senador.
El parlamentario indicó que están atentos a que la Cámara de Diputados aborde la iniciativa de control a las ONG, que ya tiene media sanción por parte del Senado. Según señaló Leite ante la 1080 AM, el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifestó la necesidad de acceder a esta información puesto que hasta el momento no pueden saber a quiénes financian determinadas organizaciones.
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Falta de registro de miembros dificulta controlar financiamiento político de ONG
El director de financiamiento político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, afirmó que la falta de registro de los integrantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dificulta la trazabilidad (origen del dinero) y el control del financiamiento político partidario.
El funcionario electoral participó en la primera reunión de la Comisión Conjunta de Investigación de Antilavado del Congreso, en la que analizaron las dificultades y desafíos para monitorear el financiamiento político desde las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales.
Ruíz Díaz subrayó la complejidad del tema abordado debido a las múltiples etapas y ámbitos que involucra, por lo que no se descarta que esta no será la primera vez que sea citado por los legisladores para hablar sobre el tema. Indicó que los parlamentarios formularon varias consultas, las cuales respondieron de acuerdo al conocimiento que tienen y el análisis que vienen realizando a las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas.
Aclaró que hasta la fecha no se ha identificado ninguna ONG que haya financiado directamente alguna campaña política o candidato en las últimas elecciones. Sin embargo, la conversación reveló que aún persisten preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que individuos asociados a las ONG puedan financiar campañas a título personal.
“Producto de las verificaciones que hemos realizado no pudimos identificar a la fecha la existencia de alguna ONG que haya aportado a alguna candidatura, porque el trabajo continúa. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes integran las ONG, porque como organización tal vez no realicen los aportes, pero pueden realizar a través de una persona física”, remarcó.
No obstante, lamentó que no exista un registro de las personas que integran estas oenegés, ya que “no es como un partido político que cuenta con afiliados. Por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, explicó.
ONG buscó controlar las elecciones
Mencionó el caso de la Organización Alma Cívica, vinculada a Soledad Núñez, que se había postulado como candidata a vicepresidenta en la chapa por la Alianza; además su esposo Bruno Defelippe se había presentado como candidato a senador. Esta misma organización había solicitado ser parte de las elecciones como observadores electorales nacionales, por lo que desde la Justicia Electoral al detectar esta situación decidió negarle el derecho a llevar el control electoral.
“Ahora de que se financie con el dinero de la ONG, claro que está mal y prohíbe el artículo 68. Lastimosamente, no existe un registro de quiénes son los que integran las comisiones directivas de las diferentes organizaciones sin fines de lucro; por tanto, se hace muy difícil la trazabilidad”, acotó.
Por otra parte, indicó que no solo se debe pensar en el financiamiento político, ya que ni bien exista dinero proveniente de hechos ilícitos fácilmente podría permear en cualquier estrato social y en cualquier etapa. Y la política tal vez sea la última, ya que elecciones se tiene cada cierto tiempo. “Por ello es importante que todas las instituciones del Estado trabajen en conjunto para llevar adelante los controles”, enfatizó.
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