En el Partido Encuentro Nacional (PEN) se desató una batalla campal entre sus altas autoridades y dirigentes que motivó la salida de la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez. El conflicto en la nucleación de oposición se centra en la falta de transparencia sobre el uso del dinero otorgado por el Estado para fines electorales.
En una entrevista con la 1020 AM, Benítez indicó que el PEN se encuentra secuestrado y tiene como único “mecanismo conseguir figuras que generen el subsidio electoral. Chocamos contra una pared, lo que a ellos les importa es conseguir una figura que traiga votos”.
El diputado indicó que la ruptura con el Encuentro Nacional es “prácticamente insalvable” y sostuvo que la agrupación carece de ambición política para disputar espacios de poder tanto en el Parlamento, intendencias, concejalías, entre otros cargos electivos.
“La ambición no es generar subsidio electoral, no es meter uno o dos diputados, en el fondo para algo que trascienda a futuro no sirve mucho. Llegamos al Parlamento, pero somos minoría. Debemos hablar de una captura real de poder, con un proyecto político que transcienda a una elección”, expresó.
Benítez manifestó incluso que durante un encuentro fue invitado por sus excorreligionarios a “retirarse” de la nucleación. “Me dijeron que ya no era bienvenido, me invitaron a salir. El conflicto se agudizó cuando solicitamos transparencia en el uso de los fondos electorales obtenidos en los últimos comicios, pero fuimos ninguneados en repetidas ocasiones”, dijo.
En las generales del 2023, el PEN había logrado una buena disputa electoral en comparación a otras organizaciones opositoras como Patria Querida (PPQ) y el Frente Guasu (FG), ya que cuando ambos sectores debieron resignarse con un solo parlamentario, los encuentristas lograron meter un representante en cada cámara del Congreso Nacional.
Ante esta guerra interna, el PEN finalmente queda con un solo curul, la del médico Ignacio Iramain, quien ingresó al Senado el 15 de febrero tras la expulsión de Kattya González mediante el mecanismo de la pérdida de investidura por el uso indebido de influencias e inducción a un subordinado a cometer hechos punibles.
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