• Por Jorge Torres Romero.
• Columnista Político

El programa Hambre Cero impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña está encaminado a convertirse en la política de mayor impacto social de su administración.

Las empresas que se dedican al servicio de ofrecer almuerzos, desayunos y meriendas en las escuelas de todo el país generan un impacto positivo que va más allá de la alimentación de los niños. Esta actividad implica el funcionamiento de una extensa cadena de valor que involucra a diversos sectores económicos a través de las compras y servicios contratados. Por ejemplo:

1. Industrias de equipamiento de electrodomésticos: esto a través de la provisión de heladeras, freezers, licuadoras, balanzas y otros equipos esenciales para garantizar la correcta conservación y preparación de los alimentos.

2. Industrias de carpintería: esto a través de la fabricación de mesas, bancos, estantes y tablas para picar, que son utilizados tanto en la preparación como en la distribución de los alimentos. Las compras fortalecen a los talleres y microempresas.

3. Industrias textiles (costureras y modistas): esto a través de la elaboración de uniformes, delantales, cofias y manteles necesarios para garantizar la higiene y presentación adecuada del personal involucrado en la preparación y servicio de los alimentos.

4. Ramos generales: esto a través de la adquisición de ollas, platos, cucharas, cuchillos, vasos, jarras y bandejas, a fin de asegurar el equipamiento completo de los espacios de cocina y comedor en las escuelas.

5. Industria petrolera: esto a través del consumo de miles de litros de combustible para el transporte diario de los alimentos desde los centros de producción hasta las escuelas, dinamizando así el sector logístico.

6. Industria del gas: esto a través de la provisión de miles de kilogramos de gas licuado para el funcionamiento continuo de cocinas industriales, garantizando la eficiencia en la preparación de los menús escolares.

7. Industria automotriz: esto a través de la compra directa e indirecta de vehículos para el transporte de alimentos, personal y equipos, beneficiando tanto a empresas automotrices como a talleres mecánicos y de mantenimiento.

8. Industria de cereales y alimentos básicos: esto a través de la provisión constante de productos alimenticios esenciales como arroz, fideos, harina y legumbres, que componen los menús escolares y fortalecen la producción agrícola nacional.

En definitiva, esta compleja red de proveedores y servicios moviliza miles de empleos directos e indirectos, dinamizando distintos sectores industriales y comerciales. La inversión en estos servicios no solo asegura una alimentación adecuada para los estudiantes, sino que también impulsa el desarrollo económico sostenible del país.

Queda claro que la alimentación escolar no solo contribuye al desarrollo y la salud de los estudiantes, sino que también beneficia directamente a las industrias cárnicas y lecheras del país. Al fomentar la compra de productos nacionales, se impulsa la producción local, generando más empleos y oportunidades en las zonas rurales. Esta dinámica fortalece la economía local, mejora la calidad de vida de los productores y promueve el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.

En números, la inversión del Gobierno representa unos USD 955 millones hasta el 2027. Con un promedio de USD 330 millones por año para alimentar a 950 mil niños. Sin dudas esto constituirá la revolución positiva en el ámbito social. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció esta semana la implementación de la segunda etapa del programa de Gobierno “Hambre cero en las escuelas” en todos los departamentos del país. En esta fase ya se incluyen a las 12 gobernaciones restantes y los 263 distritos a nivel nacional. En la primera etapa se incluyeron a 90 distritos, considerados prioritarios.

“Hay un gran ambiente de control y yo creo que hoy ya no hay excusa, hay que dar el 100 % a todos los niños, no podemos dejar de cuidar lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos que son nuestros hijos”, expresó César Sosa, presidente de Consejo de Gobernadores, y gobernador de Guairá, este domingo en entrevista para La Nación/Nación Media, señalando la gran responsabilidad y el desafío para los gobernadores como ejecutores de este ambicioso programa del Gobierno.

Atendiendo la gran amplitud de este programa, Sosa sostuvo que los gobernadores estarán trabajando con gran responsabilidad y con las ganas de sacar adelante a sus respectivos departamentos, ya que Hambre Cero también tendrá un gran impacto para sacar a muchas familias de la pobreza.

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“Tomamos con mucha responsabilidad, realmente para nosotros es una gran responsabilidad, la confianza del presidente de la República (Santiago Peña), nosotros somos ejecutadores de contratos, no es fácil, sabemos que vamos a tener grandes desafíos, como todo proyecto, pero el Consejo está firme, el Consejo tiene las ganas de salir a trabajar”, apuntó Sosa a LN.

Agregó que, desde el Consejo de Gobernadores, se celebra que el programa alimentario ya haya llegado a su segunda etapa, que incluirá a todos los departamentos, no solo por su gran impacto en la educación, la nutrición de los niños, y la baja deserción escolar, sino también por el impacto económico que tendrá en todos los departamentos.

“Nosotros estamos convencidos de que el Paraguay se construye desde los departamentos, las bases sólidas están en los departamentos. El trabajador va tener un mercado hoy gracias al proyecto Hambre Cero, así que desde el Consejo celebramos este gran proyecto del Presidente y tenemos todas las ganas de sacar delante de hacer bien nuestro trabajo, es una gran responsabilidad, que nosotros vamos a ir honrando”, señaló.

Por otra parte, Sosa también destacó el gran control que se realizará en la aplicación del programa, desde el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), donde los gobernadores también tienen sus representantes.

“Nosotros como Consejo tenemos representación en el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de ahí salen las directrices para el control. Cada administrador de contrato, las gobernaciones tienen una dirección del control alimentario, eso también está compuesto por padres de familia, por nutricionistas, por abogados, el control dentro de cada gobernación va ser gigante”, comentó a través del diario La Nación.

Resaltó la inclusión de la Contraloría General de la República (CGR), que realizará los controles instantáneos, in situ, y sin mayor tiempo. “Vamos a tener un programa donde cada director, cada padre de familia, día a día esté pasando informaciones a la Contraloría, eso va llegar también a nosotros para que nosotros podamos ver algunos déficit y virtudes”, sentenció.

- El programa “Hambre cero en las escuelas” arrancó en su segunda etapa, que incluye a los 12 departamentos restantes.

- A partir de febrero del 2025, Hambre Cero llegará a todas las escuelas.

- El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, resaltó el compromiso y la responsabilidad de todos los gobernadores.

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El gobierno de Paraguay ratificó su postura en torno al compromiso de gestiones por un mayor desarrollo sostenible, en el XVI Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, desarrollado en Barbados. El evento incluye además un intercambio de potencialidades entre diferentes gobiernos.

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, representó a Paraguay en el foro, acompañado también por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas. Ambas autoridades coincidieron en el avance existente a nivel nacional en materia de sostenibilidad.

Por otra parte, junto a otros representantes de 27 países, la delegación paraguaya discutió estrategias para enfrentar los impactos del cambio climático y fortalecer la resiliencia y sostenibilidad en la región. De esta manera, las autoridades nacionales buscaron aprender nuevas prácticas a ser aplicadas a nivel nacional.

Desde el Ministerio de Ambiente puntualizaron que Paraguay avanza hacia un futuro más resiliente y equitativo, lo cual además queda demostrado con su rol en este tipo de eventos. Esto, con el objetivo de ir reposicionando la imagen y el aporte del país en todo lo referente a factores ambientales.

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El foro se desarrolló el 30 y 31 de octubre, extendiéndose hasta el 1 de noviembre. El evento fue organizado por el gobierno de Barbados con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El foro se centró en cómo las políticas sociales pueden contribuir en crear resiliencia en tiempos de incertidumbre, esto aparte de reflexionar sobre cómo acelerar y proteger el progreso hacia el desarrollo humano, con un enfoque puesto en diversos desafíos, incluyendo los riesgos climático.

“América Latina y el Caribe es una región de posibilidades y soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible. Fortalecer la resiliencia nos permitirá avanzar en el desarrollo humano y consolidar sus logros”, dijo Michelle Muschett, directora regional del Pnud para América Latina y el Caribe.

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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.