El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investi­gación de Hechos Punibles de Lavado de Activos con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, respondió a los cuestionamientos sobre el interés en investigar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la convocatoria de periodistas, una de ellas la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, quien realizó varias publicaciones sobre estas organizaciones.

“La señora Escobar (Rosana) en el 2022 ya publicaba el caso de un candidato que estaba cobrando dentro de CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo), para mí esto es algo nuevo, y me estoy empapando y encontrando con muchas sorpresas”, señaló.

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Explicó que la ley electoral es bastante clara con relación a los recursos que ingresan a las agrupaciones políticas desde el extranjero, y que existen indicios del ingreso de dinero en los partidos desde las organizaciones.

“Si la ley de financiamiento político busca justamente combatir el dinero no declarado, nosotros estamos entrando en el campo del financiamiento político, si la ley electoral prohíbe el financiamiento externo a los partidos políticos, pero claro que es flujo de dinero que entra a los partidos de manera irregular, flujo de dinero no declarado”, apuntó.

Refirió que un estudio jurídico en particular, que cuestionó el trabajo de la comisión bicameral recibió una importante suma de dinero. “El estudio jurídico que nos maltrató, que nos insultó recibió 500 mil dólares de la AID y recibió 166 mil dólares de fondos paraguayos, de fondos del erario, de impuestos, por ende, no se puede negar a rendir cuentas, sencilla es la lógica jurídica y económica”, sentenció.

El senador Amarilla, también adelantó que planteará la publicación de los documentos con que cuentan en el portal web de la Cámara de Senadores, para que la ciudadanía y los medios de prensa puedan ejercer el rol de control.

“Todos estos papeles, que en realidad no sé si nos van dar los 60 días para analizarlos íntegramente, que se eleve al portal de la Cámara de Senadores, entonces van a poder revisar ustedes (prensa), va poder revisar la ciudadanía, sabemos que la cultura de control no es una cultura todavía, pero algo vamos a saber”, expresó ante varios medios de comunicación.

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“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.

Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.

“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.

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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.

“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.

Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

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“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posi­ción reacia de sectores en pro­veer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investi­gación de Hechos Punibles de Lavado de Activos con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.

“Si no quieren dar informa­ción, están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios lega­les. El artículo 195 de la Cons­titución Nacional nos faculta a requerir informes a cual­quiera”, sostuvo en una entre­vista con la 780 AM.

Las afirmaciones del vicepre­sidente de la Comisión Anti­lavado surgieron tras la nega­tiva del estudio jurídico Colab Abogados EAS en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herra­mientas tecnológicas para acelerar procesos que regu­larmente tienen atraso en la Justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.

“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resul­tados, porque de lo contra­rio seríamos malos legisla­dores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la ley ¿Por qué debería moles­tarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.

Mediante un comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauri­cio Salgueiro Mezgolitz ins­taron a otras organizaciones a “no ceder ni un centíme­tro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.

“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la incons­titucionalidad de la Consti­tución. Hablan de una dona­ción, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que reci­bieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.

El senador Dionisio Amarilla ratificó que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual preside, posee facultades cons­titucionales, por lo cual puede solicitar informes. Esto aten­diendo a la negativa de determinados sectores para rendir cuentas ante la comisión. “Nos parece un despropósito que se plantee una inconstitucionalidad, atendiendo a lo estipulado en el artículo 195 de la Carta Magna que otorga facultades a esta comisión para solicitar comparecencia de particulares y que suministren informaciones”, expresó ante los medios de prensa en el Senado.

Amarilla dio a conocer la nómina a la que accedió la CBI, en la cual se especifican todos los beneficiarios de los fondos de Usaid. Con esto en cuenta, manifestó la intención de la comisión de dar a conocer la manera en la cual han sido utilizados esos desembolsos. “Ya tenemos documentos que confirman que parte de los fondos fueron a parar como remuneración para algunos incursores en la política. Hay sospecha de injerencia para afectar a ciertas personas y se ha pretendido relativizar la soberanía paraguaya”, subrayó el presidente de la CBI.

Detalló que se siguen analizando determinados datos, adelan­tando que se darán a conocer informaciones brindadas por la pro­pia Cancillería en torno a organizaciones y consultoras, las cuales han recibido altos montos de dinero. “Volveremos a someter esto a debate”, señaló.

“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.

“Si no quieren dar información están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, sostuvo en una entrevista con la 780 AM.

Las afirmaciones del vicepresidente de la Comisión Antilavado surgieron tras la negativa del estudio jurídico Colab Abogados EAS, en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.

“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la Ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.

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Mediante una comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz, instaron a otras organizaciones a “no ceder ni un centímetro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.

“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.

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