La Cámara de Diputados remitió una solicitud de informe detallado a la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera, sobre los docentes desvinculados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El pedido se basa en la denuncia realizada por los docentes destituidos, que afirman que los despidos fueron arbitrarios y sin motivos justificados.
De acuerdo a la denuncia pública realizada por los docentes y estudiantes de la facultad afectada, las desvinculaciones se dieron con un trasfondo de represalias, esto por no pertenecer a un grupo liderado por Bogarín Alfonso y Ceres Escobar. Afirman que ambos manipularon la sesión donde se realizaron las destituciones a favor de sus intereses particulares y sus operadores políticos.
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El documento firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y la secretaria parlamentaria Betina Aguilera, señala; “detallar sobre las supuestas desvinculaciones de docentes, denunciado por estudiantes y docentes, especificando la nómina de los docentes desvinculados, sus categorías, sus cátedras, turnos, horarios, causales de desvinculación, y si fueron sometidos a sumarios administrativos o no, así como cualquier otra información relacionada a lo solicitado”.
También se solicita “detallar la nómina de docentes de la facultad, vigente al 31 de julio del 2024, especificando el nombre y el apellido, cátedras, turnos, categoría del docente, salario, remuneración adicional al salario y filiales donde imparte clases, así como cualquier otra información que guarde relación con lo solicitado”.
La universidad, a través de la rectora, tiene el plazo de 15 días hábiles, desde la remisión del pedido de informe, para contestar a todas consultas realizadas por la Cámara de Diputados.
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Producción permanente de tomates en Caazapá podría llegar a la exportación
El diputado Avelino Dávalos destacó el proyecto que lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Gobernación de Caazapá para la producción permanente de tomates. El legislador indicó que el programa Hambre Cero es fundamental para este proyecto, lo que podría extenderse a la exportación de este producto.
“Quiero compartir con los colegas, con la ciudadanía, un proyecto muy importante para mi departamento, para todos los que venimos hablando del proyecto Hambre Cero. Este es un proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que, con un trabajo coordinado con la gobernación de Caazapá, el proyecto de cultivar tomate durante todo el año”, dijo el diputado en la sesión de este martes.
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Explicó que, en el mes de diciembre del año pasado, el MAG realizó la entrega de semillas e insumos para pequeños productores, y el pasado viernes el ministro Carlos Giménez y el gobernador Christian Acosta, ya realizaron un recorrido por las fincas que están produciendo tomates, tanto para el programa Hambre Cero como para su incursión en el mercado nacional.
“Varios productores del departamento de Caazapá van a tener la oportunidad de producir todo el año los tomates. Son de mucha utilidad para el proyecto de Hambre Cero y porque no decir que desde el departamento de Caazapá muy pronto también podemos adherirnos, podemos exportar también tomates a los países vecinos, como Argentina, que después de muchos años en este Gobierno se ha exportado a la República de Argentina”, destacó.
Mencionó que son muchos los beneficios de este proyecto de producción todo el año del producto, como una mayor estabilidad para los productores, asegurando su ingreso durante todo el año, abastecimiento continuo en el mercado local evitando la escasez y las fluctuaciones de los precios.
“Quiero desearles toda la fuerza necesaria al gobernador de Caazapá y al ministro de Agricultura a seguir invirtiendo en este tipo de proyectos y por sobre todas las cosas para que realmente podamos ir cambiando el bienestar de las familias de mi departamento y del país”, sentenció.
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El Estado debe tomar medidas concretas sobre supuesto hackeo, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sentó postura en el caso del supuesto hackeo de Brasil al Gobierno paraguayo y sus autoridades, revelado ayer por medios de comunicación brasileños. El diputado sostuvo que no se puede dejar de levantar la voz ante un supuesto espionaje que habría sido sometido el país y sus autoridades.
Durante su intervención en el pleno de la sesión de este martes, Latorre indicó que es fundamental realizar tres actos concretos al respecto; el primero, la solicitud de explicaciones pertinentes al Brasil por parte de la Cancillería nacional.
“Tenemos que tener una respuesta clara y responsable sobre lo acontecido. No basta con decir fue el otro gobierno, nosotros tenemos que mirar con seriedad la política de Estado que trasciendan el modelo quinquenal y que sostenga una relación armoniosa de confianza en nuestras naciones”, expresó.
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En segundo lugar, el titular de la Cámara Baja señaló que se debe realizar una investigación por parte del Gobierno paraguayo, seria y con condiciones técnicas, respaldados en países amigos, aliados y hermanos, con gran capacidad en materia de inteligencia, como los Estados Unidos, y como el Estado de Israel. “No podemos depender para terminar de entender la realidad de lo que pasó solamente de las explicaciones que nos van a dar”, apuntó.
Como tercer punto, citó que se debe entender y terminar de readecuar las capacidades de defensa de la nación ante las nuevas amenazas. “Hoy por hoy, Paraguay no tiene una hipótesis de conflicto convencional con sus vecinos, pero tenemos que fortalecer nuestras capacidades para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra los ciberataques”, indicó.
Latorre cuestionó que como país existe una gran vulnerabilidad en el marco de la ciberseguridad, lo que ya ocurrió con el ataque de China Continental, y en su momento fue denunciado, y ahora nuevamente con el Brasil.
“Es fundamental sostenernos en las capacidades, en las capacidades de nuestros aliados en este momento, pero tenemos que aspirar como un aire vital a la capacidad de poder valernos por nosotros mismos y defender nuestro ciberespacio, porque allí ya no se encuentra el futuro, se encuentra el presente en cuanto a defensa, en cuanto a transacciones financieras y económicas, en cuanto a información vital y sensible para la administración del Estado”, puntualizó.
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Cancillería debe activar protocolo para esclarecer supuesto hackeo de Brasil, dice diputada
La diputada Rocío Abed instó al esclarecimiento vía Ministerio de Relaciones Exteriores del supuesto operativo de hackeo contra autoridades paraguayas por parte de Brasil, hecho que calificó como un atentado a nuestra soberanía. De acuerdo a la aclaratoria emitida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva esta operación se habría realizado entre abril del 2022 y el 17 de marzo del 2023, período de la presidencia de Jair Bolsonaro.
“Estamos hablando de un período anterior, en ese documento se afirma que esta supuesta operación fue autorizada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro en junio del 2022. Un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay y nosotros desde este Parlamento exigimos a nuestra Cancillería que estos hechos sean esclarecidos”, dijo la diputada Abed, líder de la bancada de Honor Colorado ante el pleno de la Cámara Baja.
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Sostuvo que el Gobierno paraguayo no puede permitir este tipo de situaciones, de espionaje a sus autoridades. “Nosotros no podemos permitir que esto suceda, tenemos que pedir como nación a través de nuestra Cancillería que se arbitren todos los canales diplomáticos pertinentes para que este hecho quede plenamente esclarecido”, apuntó Abed.
Agregó que “no es una cuestión menor, esto es gravísimo lo que se acaba de dilucidar, de ver, de mostrar al mundo y nosotros; no podemos quedarnos ni ciegos ni miopes ante esto”. Sostuvo que la Cancillería debe utilizar todas las vías, los medios y arbitre, active todos los mecanismos y protocolos para esclarecer esta situación.
Por otra parte, Abed cuestionó que la situación dada en períodos anteriores, de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, recordando el acta “entreguista” llevado adelante por el entonces gobierno paraguayo con relación al acta de la Itaipú.
“Este señor Bolsonaro, imperialista, atacando a la soberanía del pueblo paraguayo autorizó este hackeo y no descarto la supuesta connivencia de actores que, en el pasado, para ser concretos, el presidente Mario Abdo y sus secuaces con el acta entreguista, incluso haya habido una connivencia en ese hackeo. Un Bolsonaro imperialista y un presidente paraguayo de ese entonces y sus secuaces entregadores, así como quedó palpable y objetivo en esa acta entreguista”, sentenció.
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Diputados definirá sobre protección de datos personales y prohibición de celulares en las cárceles
La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.
De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.
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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.
Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.
Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.
Celulares en cárceles
Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.
Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.
Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.
El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.