Agentes del Ministerio Público realizan allanamientos simultáneos en el este del país en el marco de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, investigado por supuestas irregularidades en pandemia. Los operativos están encabezados por los fiscales Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero.
“Estamos dando andamiaje en un equipo de trabajo que se formó hace unos meses por estas denuncias específicas, dos puntualmente en la ciudad de Presidente Franco, en una empresa en concreto, buscando documentaciones y los colegas (fiscales) también en otros lugares”, explicó la fiscal Marlene González en comunicación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La fiscal fiscal explicó este miércoles que los allanamientos están siendo realizados en varios lugares, en búsqueda de documentos o elementos que podrán ser utilizados en el proceso contra Prieto. “Kits escolares, alimentos, una serie de supuestos hechos que se están investigando”, dijo.
El intendente de Ciudad del Este cuenta con 41 denuncias en su contra por supuestas irregularidades en su administración, varios de ellas tienen que ver de la época de pandemia 2019 – 2022. En su momento, se había denunciado que se armaron empresas para la provisión tanto de kits escolares como de kits de alimentos.
Casos en pandemia
De acuerdo a la denuncia y una de las carpetas fiscales, Prieto estaría implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad, en este caso también se involucra a la empresa Tía Chela S.R.L. Estos datos habían sido publicados por el equipo de investigación de Nación Media.
También aparece en el periodo de investigación un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la Intendencia Municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos.
Según el Ministerio Público, Emili Vanessa Florentín Páez, asesora jurídica de la Intendencia en ese momento, colaboró en la creación de secuencias ficticias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi S.A., se convirtió en la principal subproveedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contraprestación real de productos por el dinero abonado.
Estos son algunos de los casos más sonados de todas las denuncias realizadas y que están siendo investigadas en contra de Miguel Prieto.
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