El proyecto de ley que pretende crear un fondo para la cobertura de gastos ocurridos por accidentes de tránsito o siniestros viales ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Varios senadores manifestaron su intención de acompañar esta iniciativa que está pendiente de su tratamiento en la Cámara Alta.
“Es un primer paso para resolver un grave problema desde el Estado dado que hasta la fecha instituciones como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y el Hospital de Trauma solo pueden atender al 30 % de los damnificados por la verdadera epidemia de accidentes de tránsito que ocurre en nuestro país”, expresó Hugo Meza.
En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador de la bancada B del Partido Colorado manifestó que el 70 % de los gastos derivados de un accidente de tránsito son cubiertos por los propios afectados mediante actividades benéficas como polladas o rifas, puesto que las instituciones encargadas no cuentan con los recursos suficientes.
Ante esta problemática, surgió la necesidad de contar con un fondo especial, no obstante, el legislador aclaró que esta no es la solución definitiva para estos casos. “El propio Poder Ejecutivo ya dio su parecer, de hecho me reuní con el ministro de Economía para hablar de la ley que está en trámite. Hay que entender que es una ley transitoria hasta tanto se avance en reflotar el seguro obligatorio”, explicó.
Esta iniciativa ya fue remitida a la Cámara Alta, donde está pendiente de ser tratada y varios senadores ya han extendido su intención de acompañar el proyecto para su aprobación. El fondo obtendrá sus recursos de cuatro fuentes, la primera de ellas son las asignaciones y recursos previstos en el presupuesto general de la Nación para la Diben y la Senadis.
Como segunda fuente se menciona a los montos recibidos en concepto de reparación social realizadas por las personas que hayan cometido hechos punibles por exposición al peligro en el tránsito. “En ningún caso, los fiscales y jueces darán salidas alternativas al proceso por el hecho punible mencionado”, dice el proyecto.
Como tercer mecanismo para fondear, se establece el cobro de G. 10.000 que serán percibidos anualmente por cada persona que renueve o solicite una licencia de conducir para cualquier tipo de vehículo, incluyendo motocicletas. Como cuarto mecanismo de recaudación se estableció que el 100 % de los recursos generados de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de todas las motocicletas o vehículos similares importadas se destinen al fondo.
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